Estado de emergencia en cinco penales del Perú: ministro de Justicia detalla los alcances de la medida y el rol de las FF. AA.

El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales del Perú por un periodo de 60 días, como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad y enfrentar a las organizaciones criminales que operan desde los establecimientos penitenciarios. La disposición comprende los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, permitirá reforzar la seguridad en los alrededores de estos establecimientos con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras que el INPE mantendrá a su cargo la administración y custodia interna. El objetivo apunta a controlar los accesos, impedir el ingreso de objetos prohibidos y detectar posibles amenazas.

En entrevista con Canal N, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó que la declaratoria brinda el marco legal para que las Fuerzas Armadas apoyen al personal penitenciario y policial. Sin embargo, remarcó que la estrategia también contempla labores de inteligencia para identificar las estructuras que permiten a las organizaciones criminales continuar coordinando actividades desde las cárceles.

Fuerzas Armadas reforzarán el cerco perimétrico en penales declarados en emergencia

Álvarez explicó que uno de los principales objetivos será establecer un cerco perimétrico con participación del INPE, la Policía y las Fuerzas Armadas. El despliegue permitirá fortalecer la vigilancia en los alrededores de los cinco penales y controlar los puntos considerados vulnerables.

El ministro señaló que esta intervención buscará impedir el ingreso de teléfonos celulares, chips, armas y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados por los internos para mantener comunicaciones y coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos.

Otro de los aspectos que se busca controlar es la instalación de antenas y mecanismos de comunicación clandestina alrededor de los penales. Según Álvarez, la falta de personal suficiente para realizar una vigilancia externa dificultó durante años la detección de estos elementos.

“Básicamente de lo que se trata es del marco legal para posibilitar que la Fuerza Armada pueda ayudar a la Policía y al INPE”, declaró a Canal N. El ministro añadió que este apoyo también tendrá un componente de inteligencia para detectar las nuevas modalidades empleadas por las organizaciones criminales.

Ministro de Justicia plantea reforzar la inteligencia dentro de los penales

Para Álvarez, las acciones de seguridad deben superar los operativos centrados únicamente en las requisas. El titular de Justicia sostuvo que decomisar algunos objetos prohibidos durante una intervención permite mostrar resultados inmediatos, pero resulta insuficiente para conocer cómo funcionan las organizaciones criminales dentro de los penales.

Por ello, planteó recurrir a oficiales en retiro especializados en inteligencia y seguridad, incluidos aquellos que recibieron formación en el extranjero y cuentan con décadas de experiencia. Según explicó, estas capacidades podrían incorporarse a la estrategia estatal para identificar las redes que operan desde los establecimientos penitenciarios.

La propuesta también alcanza al nuevo jefe del INPE, Abraham Lescano, cuyo nombramiento, según Álvarez, respondió a la necesidad de incorporar una nueva estrategia. El ministro precisó que la salida del anterior funcionario, Raúl Inga Garay, no obedeció a una falta y destacó su desempeño como trabajador.

Álvarez indicó que Lescano es un excoronel de la Fuerza Aérea especializado en inteligencia. “Lo que necesitamos ahora es implementar mecanismos de inteligencia al interior de cada uno de los penales y para eso tenemos que hacer una labor silenciosa”, afirmó durante la entrevista.

Gobierno busca reordenar a los internos según su peligrosidad

El Ejecutivo también iniciará un proceso de empadronamiento y clasificación de los internos para determinar si cada persona permanece en el régimen penitenciario que corresponde a su nivel de peligrosidad. La medida busca corregir diferencias detectadas en la distribución de la población carcelaria.

Álvarez señaló que existen internos que permanecen en establecimientos de máxima seguridad pese a no representar necesariamente ese nivel de riesgo. Al mismo tiempo, mencionó que algunos cabecillas de organizaciones criminales permanecen en penales comunes, pese a su capacidad de organización y violencia.

El ministro advirtió que la redistribución tendrá que realizarse de manera progresiva para evitar motines y disturbios. El objetivo es fortalecer el control penitenciario sin generar situaciones que pongan en peligro a los internos, trabajadores del INPE o agentes encargados de la seguridad.

La emergencia comenzó a ejecutarse desde el inicio del plazo de 60 días. Álvarez sostuvo que el Gobierno busca utilizar este periodo como punto de partida para una política penitenciaria de largo plazo, con mayor inteligencia, protección para los trabajadores y mejores condiciones para la resocialización de los internos. “Tiene que ser una labor silenciosa, pero eficaz y permanente”, concluyó.