Reforma laboral en Perú: el desafío que ya está encima

Las últimas semanas un tema ha sacudido las agendas: el Gobierno comunicó que evalúa establecer un nuevo régimen laboral que plantea graduar beneficios como la CTS, las gratificaciones y los aportes a pensiones según el nivel salarial. Esto, con el objetivo de reducir una informalidad que hoy supera el 70% de la fuerza laboral peruana, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Más allá del desenlace político, que seguirá su propio curso, hay una pregunta que no puede esperar: en el país, ¿las empresas están lista para adaptarse si dichas reglas cambian?

No es una pregunta al vacío. Detrás de esta reforma hay un impacto empresarial crítico a dimensionar. Si los beneficios se gradúan por nivel salarial, cada trabajador o grupo de trabajadores tendría una ecuación particular: diferente CTS, gratificación y aporte a pensiones. Esto significa recalcular toda la planilla con una lógica nueva, actualizar los sistemas de compensación y garantizar cumplimiento legal en cada caso individual, buscando siempre velar por cada empleado. Así, lo que inicia como una medida de simplificación en el papel es, en la práctica, una de las operaciones más complejas a enfrentar en las áreas administrativas y de recursos humanos. Sobre todo en un sistema como el peruano, donde conviven múltiples regímenes laborales con jornadas atípicas y sectores donde existe alta rotación.

Entonces, ¿qué distingue a las empresas que atraviesan estos cambios con agilidad de las que los padecen? No es el tamaño, ni el presupuesto. Es haber tomado antes la decisión de reordenar la casa. En los últimos años, he visto cómo empresas de logística, al anticiparse, lograron reducir su cierre de planilla de más de una semana, a solo dos días. También de cómo compañías de medios pasaron de semanas de espera en trámites de firma a resolverlos en minutos desde el celular. E incluso de cómo grupos empresariales de inversión con operaciones muy complejas lograron visibilidad en tiempo real, de procesos que antes eran puntos ciegos. Y ninguno de esos resultados llegó en respuesta a una crisis o un cambio inesperado. Fue antes, porque alguien decidió prever. Esto no solo en su beneficio, sino en beneficio de cada trabajador.

El error más común de las empresas peruanas frente a los cambios normativos suele ser esperar a que la norma esté publicada para pensar en cómo adaptarse. Eso las condena a operar en modo emergencia, estado donde los errores se acumulan y las decisiones estratégicas se toman con la presión del plazo encima. Allí, el problema no es de capacidad ni de recursos, sino de timing. Se cree que la tecnología, la IA y herramientas digitales que tenemos a la orden lo resuelven todo y aunque en efecto sí lo pueden lograr, no tiene la misma eficacia si llegan tarde. Lo resuelven cuando están instaladas, calibradas a las necesidades propias de cada organización y funcionando antes de que cualquier cambio se haga presente.

Hoy no sabemos cómo quedará esta reforma. Lo que sí sabemos es que la pregunta correcta no es qué va a pasar. Es si la organización tiene hoy la estructura para responder cuando pase. La respuesta a ello no está en manos de un decreto, el MEF o el Congreso. Está en la decisión de quien lidera la empresa y de cuánto elija avanzar o esperar. La alerta está sobre la mesa y la decisión, también.