Murió en 2008 y lo revivieron años después para cobrar millonario seguro: así operaba una red que usaba cadáveres

Un hombre que había fallecido en 2008 fue declarado muerto por segunda vez en 2020, lo que permitió a una red criminal cobrar más de un millón de soles en seguros de vida usando documentación falsa. El caso, que involucra a Josué Valdés Gutiérrez y una compleja maquinaria de fraude, fue documentado por Latina y ha puesto en evidencia la sofisticación de las estafas con identidades en Perú.

La historia de Josué Valdés Gutiérrez comenzó con un hecho inusual: según su acta de defunción, falleció el 11 de noviembre de 2020 en su vivienda de Paucartambo, en Cusco. El certificado médico, firmado por Edgar Poma Condori, señalaba que la causa había sido neumonía por COVID-19. Pero documentos revisados por la división de denuncias derivadas del Ministerio Público revelaron que Valdés ya había muerto en diciembre de 2008.

De acuerdo con la información de Latina, Josué Valdés estaba inscrito en el sistema de pensiones desde 2003, aunque no tenía aportes significativos. El movimiento inusual comenzó siete días antes de la segunda muerte: la empresa individual Raquelita realizó varios aportes a su cuenta previsional, cubriendo los meses de abril, junio, julio, agosto y septiembre de 2020.

El montaje de una vida

La investigación mostró que Raquel Rojas Díaz se presentó como esposa de Josué Valdés y gestionó todos los trámites necesarios para acceder al gasto de sepelio y el cobro del seguro previsional. Para sustentar el reclamo, aportó un acta de matrimonio y certificados de nacimiento de dos hijos, documentos que permitieron construir una historia familiar creíble ante las autoridades.

El 13 de enero de 2022, la cuenta de Valdés recibió un aporte de la compañía de seguros por un millón trescientos mil soles. La maniobra fue posible gracias a la presentación de documentación aparentemente legítima, que incluía pruebas de matrimonio y descendencia, así como aportes recientes al fondo de pensiones.

Detrás del fraude

Según la investigación de Latina, la operación se fundaba en la falsificación de documentos públicos como partidas de nacimiento y actas matrimoniales, lo que perjudicó tanto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como al propio Ministerio Público.

En palabras de los investigadores, “una vez con la documentación obtenida, lograban cobrar seguros”. El análisis de las autoridades reveló que la modalidad permitió la acumulación de alrededor de veintidós millones de soles en cobros fraudulentos durante varios años.

Una maquinaria criminal

La Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro describió el funcionamiento de la organización: identidades de personas que ya habían fallecido eran utilizadas para crear nuevas historias documentales. En esos expedientes, los difuntos reaparecían con nuevos vínculos familiares y laborales, lo que permitía reclamar seguros y fondos previsionales.

El caso de Josué Valdés Gutiérrez no fue un hecho aislado. De acuerdo con Latina, existen otros expedientes con patrones de fraude similares, donde los cadáveres terminaban convertidos en piezas clave de la maniobra criminal. El uso de identidades de fallecidos, la presentación de familiares ficticios y la manipulación de aportes previsionales evidenciaron un sofisticado esquema de suplantación y cobro ilícito.

El impacto y la reacción institucional

Las investigaciones detalladas por Latina pusieron en el centro del debate la vulnerabilidad de los sistemas de identificación y de las aseguradoras frente a este tipo de fraude. La acumulación de veintidós millones de soles en cobros irregulares alertó a las autoridades sobre la magnitud de la red y la necesidad de revisar los mecanismos de control documental.

En el transcurso de este proceso, tanto el Reniec como la Fiscalía y el Ministerio Público se vieron afectados por la falsificación y uso indebido de registros oficiales. La reconstrucción de la historia de Josué Valdés Gutiérrez se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo los vacíos en los controles institucionales pueden ser aprovechados por organizaciones criminales para obtener beneficios económicos a costa de identidades extinguidas.