Diputado de Renovación Popular hace pedido ilegal sobre información de mujer que accede a aborto terapéutico

El diputado de Renovación Popular Christian Aranda solicitó este martes al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, de Abancay, información clínica sobre una mujer que accedería a un aborto terapéutico, legal en Perú desde 1924, un requerimiento que abogadas y organizaciones feministas calificaron de ilegal y contrario a la protección de la privacidad de las pacientes.

Aranda afirmó que formuló el pedido “en ejercicio de sus funciones de fiscalización”, tras recibir “una denuncia” en su despacho, por lo que requirió documentación relacionada con la programación de la interrupción terapéutica del embarazo de una gestante “de aproximadamente 20 semanas”.

“Mi posición es clara: la protección de la vida humana desde la concepción no puede ser relativizada, y ninguna institución pública está por encima de la ley. Por ello, he requerido conocer los fundamentos médicos y legales que sustentan esta eventual intervención”, se lee en la documentación.

“Si de la información solicitada se advierten irregularidades, corresponderá adoptar las acciones administrativas pertinentes y, de ser el caso, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público”, continuó.

La abogada Josefina Miró Quesada señaló que los datos requeridos por el parlamentario “son confidenciales y están protegidos x la Constitución y la ley”.

“Los médicos están obligados a no revelar info clínica por el secreto profesional (violarlo es delito). El aborto terapéutico es un derecho. Es desgastante tener que defender una y otra vez lo mínimo para preservar la vida/salud de las mujeres 102 años despues de despenalizarlo en Perú”, señaló en su cuenta de X.

La exministra Paola Bustamante también cuestionó el requerimiento y pidió la intervención de las autoridades. “Esta es una clara violación de la historia clínica de una paciente, que es totalmente privada y debería estar protegida. El Ministerio de Justicia y de la Mujer ojalá tomen medidas inmediatas contra el señor que abusa de su cargo de congresista”, señaló.

Por su parte, Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde, sostuvo que el oficio de Aranda “no es una fiscalización inocua”, sino “una intromisión directa” en la privacidad y salud de la paciente.

“El oficio exige diagnóstico, exámenes, historia clínica, consentimiento informado y decisiones adoptadas por el personal médico. Se trata de datos sensibles de salud. La Constitución protege la intimidad personal y familiar”, señaló.

“La Ley 29733 de Protección de Datos Personales también protege especialmente los datos de salud: son datos sensibles (art. 2.5), están sujetos a reglas reforzadas de consentimiento y proporcionalidad (art. 13) y a un deber de confidencialidad (art. 17)”, abundó.

Álvarez, quien defiende a mujeres perseguidas en los tribunales por abortar, señaló que la fiscalización tiene límites. “Un diputado puede solicitar protocolos, estadísticas; no puede convertir la historia clínica de una mujer en instrumento de presión política. La privacidad, la confidencialidad médica y el acceso a la salud también son derechos fundamentales”, agregó.

La organización Promsex puso énfasis en que el diputado expuso inicialmente la identidad de la paciente, aunque posteriormente eliminó la publicación, y recordó que el nosocomio al que remitió el requerimiento “estuvo involucrado en el caso Camila, una niña de 13 años víctima de violencia sexual a quien no se garantizó oportunamente el acceso al aborto terapéutico”.

“En 2023, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó la responsabilidad internacional del Estado peruano por las vulneraciones sufridas en este caso, reforzando la obligación de garantizar tanto el acceso a este procedimiento como la privacidad de las pacientes”, se lee en su comunicado.

La organización saludó que el hospital esté dando trámite al caso “tal como lo establece el artículo 119 del Código Penal y el protocolo de aborto terapéutico” e instó al Ministerio de Salud a “garantizar que los establecimientos de salud adopten las medidas necesarias para impedir cualquier acceso o nueva exposición indebida de información médica y asegurar que las pacientes puedan acceder al aborto terapéutico sin presiones ni injerencias”.