Perú: más de la mitad de las obras para mitigar el impacto de los desastres naturales se encuentran abandonadas o paralizadas

Un país expuesto, sin planificación y sin proyectos

En julio, el ENFEN advirtió que el Fenómeno El Niño (FEN) Costero probablemente mantendrá una magnitud fuerte hacia fines de 2026 y que, en el verano 2027, no se descarta que alcance una magnitud extraordinaria. Este escenario elevaría el riesgo de lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones en la costa norte y déficit hídrico en la sierra centro y sur.

A ese riesgo climático se suma el sísmico: los recientes terremotos en Venezuela y Colombia recuerdan que el Perú también está expuesto a un evento similar. Los gobiernos regionales y municipales que serán elegidos en octubre tendrán la responsabilidad de reanudar y reforzar, con criterio técnico, las obras de prevención pendientes y de realizar acciones de mitigación

La experiencia muestra el costo potencial de estos choques: el FEN Costero de 2017 costó 1.5% del PBI, mientras que los terremotos de Ica (2007) y de la Zona Sur (2001) costaron cerca de 0.6% del PBI cada uno. Pese a ese costo, el país es todavía vulnerable ante estos fenómenos: de los cerca de 29 mil proyectos de gestión de riesgos y emergencias iniciados entre 2012 y 2025, 51.4% estaba paralizado o abandonado al término de 2025, principalmente en Loreto (66.8%), Junín (63.5%) y Huánuco (63.2%).

Proyectos siguen estancados, pese a alto presupuesto

Según datos del CENEPRED, toda la población en Cusco se encuentra en riesgo alto o muy alto por sequías ante la temporada de lluvias 2026-2027. A esta vulnerabilidad se le suman una infraestructura inadecuada: el 64.7% de las viviendas fue construida de manera informal, por encima del promedio nacional (61.7%), con más del 60% con techos de calamina o fibras de cemento y cerca al 80% con pisos inadecuados. Aparte, más de la mitad de los colegios públicos presentan alto riesgo estructural y deben ser demolidos y reconstruidos, y hasta 2024, todos los hospitales de la región tienen capacidad instalada inadecuada; o sea, no cumplen con estándares de infraestructura ni equipamiento.

Frente a esta exposición, la problemática no se sitúa en torno a los recursos disponibles, sino a la capacidad de los gobiernos en la ejecución total de las obras. En 2025, la región tuvo el mayor presupuesto per cápita del país para gestión de desastres (S/ 110 por habitante), casi el triple del promedio nacional (S/ 39). No obstante, de los 1,410 proyectos de prevención registrados en la región entre 2012 y 2025, 54.5% estaba paralizado o abandonado, por encima del promedio nacional (51.4%).

De cara a las elecciones regionales y municipales de octubre, Cusco necesita autoridades con capacidad técnica para destrabar las obras paralizadas, reactivar las abandonadas y aprobar los planes de gestión de riesgo pendientes. Los gobiernos regionales y locales deben fiscalizar la vivienda informal con incentivos para la formalización y mejora de infraestructura habitacional. Será clave, además, aprovechar mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas para acelerar las inversiones de prevención ante sismos y fenómenos climáticos.