¿Qué pasa con el agua en Mórrope? Vecinos denuncian contaminación desde 2016 y exigen una respuesta estatal

Bertha Rojas denunció que Santa Isabel consume agua contaminada desde 2016 y reclamó una respuesta estatal para los habitantes del caserío ubicado en el sector Mórrope, en Lambayeque. Durante una entrevista radial, sostuvo que la población relaciona el consumo sostenido de agua con presencia de arsénico con enfermedades entre los menores y con la muerte de siete niños.

Rojas afirmó que la comunidad quedó expuesta al problema durante una década sin contar con un sistema estable de abastecimiento de agua segura. Según relató, las autoridades conocían la situación desde hace años, pero las medidas aplicadas no resolvieron la contaminación que, de acuerdo con los vecinos, persiste en los pozos y en las conexiones domiciliarias.

La denunciante señaló que los residentes de Santa Isabel recibieron agua mediante cisternas por apenas un mes, luego de la declaratoria de emergencia emitida en 2018. Después, se instalaron filtros en las viviendas. No obstante, cuestionó su funcionamiento porque el agua continuó circulando de manera directa por las cañerías conectadas a los pozos.

Los habitantes cuestionan que los filtros no interrumpieron el paso del agua de los pozos

El abastecimiento de la zona proviene de pozos vinculados a la red que llega a las viviendas, según el testimonio de Bertha Rojas. La población desconoce cuál es el origen preciso de la contaminación y exige estudios que permitan identificar las fuentes afectadas, la extensión territorial del problema y el nivel de exposición de cada familia.

Entre las hipótesis planteadas por los propios residentes figura una posible afectación del subsuelo. También mencionaron la utilización de pozos ciegos debido a la falta de servicios higiénicos. Rojas aclaró que los vecinos no cuentan con información oficial que permita establecer si esos factores están relacionados con la presencia de metales en el agua consumida por la comunidad.

“Venimos consumiendo agua contaminada desde el 2016”, afirmó durante la entrevista. La mujer sostuvo que la falta de explicaciones oficiales mantiene a las familias en incertidumbre, ya que no saben qué pozos pueden utilizar, qué medidas de prevención deben adoptar ni si los filtros instalados en sus casas brindan alguna protección frente al arsénico.

Los reclamos también alcanzan a los exámenes realizados entre los niños de la localidad. Rojas aseguró que los análisis detectaron niveles de arsénico en sangre en menores de Santa Isabel, aunque dijo que las familias no recibieron una explicación suficiente sobre los resultados, los riesgos sanitarios ni las acciones que correspondía aplicar después de las evaluaciones.

La representante vecinal indicó que el sector Salud no informó qué tipo de tratamiento, control médico o seguimiento recibirían los menores examinados. Según señaló, varias familias permanecen sin atención especializada y sin respuestas sobre los efectos que podría tener el consumo prolongado de agua contaminada en la salud de los niños y de otros habitantes.

Los análisis de menores y los casos de anemia aumentaron la preocupación en Santa Isabel

Rojas vinculó la situación con casos de anemia entre los menores de la comunidad. Afirmó que algunos niños llegaron al Hospital Regional con niveles bajos de hemoglobina antes de ser derivados a Lima. El testimonio no precisó la cantidad de pacientes atendidos ni incluyó informes médicos que establezcan una relación directa entre esas condiciones y la contaminación denunciada.

Dos niños del caserío fueron trasladados desde el Hospital Regional hacia el Hospital del Niño, en Lima, después de presentar bajos niveles de hemoglobina, de acuerdo con el relato de la entrevistada. “De ahí nos han traído nuestros dos niños de acá del caserío Santa Isabel, ya muertos”, declaró al referirse a esos traslados.

La mujer también sostuvo que siete menores murieron en circunstancias que los vecinos asocian con el consumo de agua con arsénico. Sin embargo, explicó que las familias no han podido acceder a documentación médica que determine las causas de los fallecimientos ni que confirme una relación causal entre las muertes y la exposición a metales pesados.

Rojas dijo que solicitaron certificados de defunción y otros registros al puesto de salud de la zona, pero no recibieron esa información. Añadió que una enfermera habría declarado en el Hospital Regional que la muerte de una niña tuvo relación con metales pesados. Esa versión, según indicó, motivó nuevos pedidos para que las autoridades entreguen los documentos correspondientes.

La denunciante pidió que el diputado Ernesto Zunini solicite formalmente los datos médicos al establecimiento de salud. Para los vecinos, el acceso a esos registros permitiría conocer el diagnóstico de los niños fallecidos, establecer si existió exposición a arsénico u otros contaminantes y determinar qué atención recibieron antes de sus muertes.

La comunidad reclama estudios, atención médica y una red de agua segura

El caso involucra a la Autoridad Regional de Salud, la autoridad regional del agua y el Gobierno Regional de Lambayeque, entidades mencionadas durante la entrevista como responsables de esclarecer el origen de la contaminación y adoptar medidas frente a la falta de agua segura. Hasta el momento, el testimonio de Rojas no incluyó una respuesta oficial de esas instituciones.

La comunidad exige que se establezca cuáles son los pozos comprometidos, que se suspenda el uso de las fuentes contaminadas y que se implemente un sistema de abastecimiento que no dependa de soluciones temporales. Los vecinos consideran insuficiente el reparto de agua en cisternas por periodos limitados y cuestionan que los filtros domiciliarios no hayan solucionado el problema.

También reclaman una evaluación médica integral para los niños y adultos expuestos, con información comprensible sobre los resultados de los análisis y un plan de seguimiento. Rojas sostuvo que la población requiere conocer si existen tratamientos disponibles, qué controles deben realizarse y cuáles son las precauciones necesarias mientras persista el uso de los pozos.

El pedido central de Santa Isabel apunta a que las autoridades determinen las causas de la contaminación, comuniquen los resultados a la población y aseguren acceso permanente a agua apta para consumo humano. Las familias esperan que la intervención de los organismos regionales permita responder a las denuncias planteadas desde 2016 y definir medidas sanitarias para los habitantes del caserío.