“La violencia se está normalizando”: experto advierte sobre el avance del crimen organizado en el Perú

El país enfrenta una serie de desafíos que podrían marcar su futuro en los próximos años. La inseguridad ciudadana, la crisis institucional y el cambio climático forman parte de los principales problemas abordados en El Perú que se viene, publicación colectiva que reúne a especialistas como Julio Corcuera, Mercedes Aráoz, Milagros Campos, José Carlos Requena, Hernán Chaparro y Francisco Belaunde.

El libro, que se presentará en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima 2026 este martes a las 20 horas en la sala Blanca Varela, aborda distintas perspectivas sobre los problemas que atraviesa el país y las decisiones que deberán adoptarse para enfrentarlos. A través de sus diferentes capítulos, los autores analizan los escenarios que podrían definir el rumbo nacional y plantean una mirada sobre los desafíos que deberá afrontar el Perú en los próximos años.

En conversación con Infobae Perú, Julio Corcuera, especialista en seguridad y crimen organizado, profundizó en uno de los principales riesgos que enfrenta el país: la normalización de la violencia. Advirtió que las organizaciones delictivas han evolucionado hasta crear empresas fachada, mover grandes cantidades de dinero y buscar espacios de poder. Frente a este escenario, planteó que el Estado debe dejar de concentrarse únicamente en capturar delincuentes y priorizar el seguimiento de los recursos que sostienen estas estructuras.

Tras los atentados a colegios, mercados y sedes del Ministerio Público, ¿cree que la sociedad peruana ya se anestesió frente al horror del crimen organizado?

El fenómeno de la violencia se está normalizando. La muerte de uno o dos transportistas, hace dos años, generaba paros masivos. Hoy genera indiferencia; ya no es noticia. La semana pasada asesinaron a cinco transportistas y no se generó un gran titular o reportaje al respecto.

Eso es un mal indicador de la sociedad: que empecemos a tener mayor tolerancia a las muertes y a la violencia, y que comencemos a convivir con cierta normalidad con el crimen.

En el libro usted señala que los asesinatos ya son solo una cifra más, ¿qué riesgo corremos como país cuando la sociedad se acostumbra a vivir con este nivel de violencia?

El riesgo es que el crimen no solo termine normalizándose, sino que también se impregne en la sociedad hasta mimetizarse con ella. Las organizaciones dedicadas a la extorsión mueven grandes cantidades de dinero que luego son blanqueadas mediante empresas fachada.

Cuando las estructuras delictivas alcanzan un posicionamiento político, se configura una especie de capitalismo criminal que, posteriormente, busca cooptar al Estado. Si eso ocurre, permitir que actores vinculados al delito ocupen espacios de poder y tengan capacidad de decisión puede empujar al Perú hacia un Estado mafioso, poniendo en riesgo la democracia y la propia forma de convivencia de los ciudadanos.

Usted explica que las mafias ya no solo piden cupos, sino que también obligan a sus propias empresas a contratar personal de seguridad o construcción. ¿Cómo funciona esta mutación del crimen hacia una especie de espacio empresarial?

Los criminales de hace muchos años, como Django, asaltaban un banco, obtenían dinero, lo gastaban y después volvían a cometer otro atraco. Esa era su dinámica. El delincuente de hoy, en cambio, es un criminal que hace empresa. Un sujeto conocido como El Jorobado, por ejemplo, exigía un cupo a las compañías que presentaban agua marina en Chorrillos, en el atentado que terminó con la caída de Dina Boluarte. Pero, además, reclamaba que sus once empresas fueran contratadas.

Cuando una serie de organizaciones creadas por criminales empiezan a manejar dinero, pueden constituir empresas fachada y presentarse ellos mismos como empresarios. Esto les otorga poder y legitimidad social, hasta el punto de convertirlos, para algunos sectores, en referentes aspiracionales: personas a quienes observan con admiración o incluso toman como modelos. Se trata de una situación profundamente negativa, porque pervierte las bases de la sociedad y también el sistema de valores sobre el que nos desarrollamos.

Usted sostiene que la extorsión ahora depende de una cadena técnica: celulares, tarjetas SIM, Yape, Plin y cuentas bancarias. Si el camino operativo es tan claro, ¿por qué el Estado no logra cortar estos accesos?

Yo creo que el planteamiento que tiene el Estado es excesivamente policial frente al fenómeno. La Policía es importante y trascendental, pero el control de Yape, Plin, cuentas bancarias, chips de celulares, dinamita y demás no es un asunto exclusivamente policial.

Cuando una organización criminal tiene un conjunto de líderes y estos crean empresas fachada, suelen registrarlas a su nombre o al de la madre, las hermanas o la pareja. Lo que el Estado debe hacer es golpear y detener el dinero de este ilícito, congelar esas empresas fachada y, con eso, atacar la columna vertebral del crimen.

Creo que el enfoque debe pasar de perseguir al actor criminal, al sicario o al hecho, a perseguir el dinero, bajo la premisa de la ley RICO y de la Convención de Palermo: follow the money, seguir el dinero. Creo que es un tema de discusión pública.

Señala que capturar a un líder suele ser insuficiente si la organización puede reemplazarlo rápidamente por otro. ¿El verdadero golpe al crimen pasa por incautar su patrimonio antes que por mostrar detenidos en conferencias de prensa?

Sí. Hay una categoría que se llama resiliencia criminal. Cuando alguien desarticula una organización, el número dos o tres siempre busca tomar el poder. ¿Por qué? Porque hay mercado y negocio. Los criminales hacen esto porque hay dinero; lo hacen siguiendo el dinero.

Si usted corta las vías para obtener recursos, entonces no tienen incentivos. Por eso el enfoque es golpear más al dinero que al criminal. Si tiene un sicario, lo reemplazan por otro. Si le quitan la dinamita, compran otra. Si tienen algún medio corrupto es porque tienen dinero. Si les quita el dinero, tendrán menos recursos para sicarios, dinamita y corrupción. Así se dificulta la operación de esta actividad criminal, de su empresa criminal.

Si el éxito no debe medirse por el número de detenidos, ¿cuál debe ser el indicador principal para evaluar si una estrategia está funcionando?

Hay indicadores sumamente importantes. Primero debemos definir frente a cuántas organizaciones criminales nos enfrentamos, cuáles son y cuántas están aterrorizando a los transportistas del cono norte y San Juan de Lurigancho.

Si tenemos una lista y atacamos esa lista, como la que tiene el FBI, Homeland Security o la Unión Europea sobre organizaciones terroristas, podremos establecer indicadores de combate. En la medida en que golpeemos esas organizaciones, tendremos luego un reflejo en la caída de homicidios, extorsiones y demás delitos.

Opinión sobre el gobierno actual

Si mañana el Gobierno lo nombrara responsable de esta agenda, ¿cuál sería la primera medida que firmaría durante sus primeras 24 horas?

Esto excede las competencias del ministro del Interior, pues requiere un trabajo concertado entre distintas instituciones. Lo primero que haría sería reunirme con las cuatro empresas operadoras de telecomunicaciones para abordar el problema de los chips y la señal de los celulares.

También convocaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar el uso de las cuentas bancarias. Asimismo, incorporaría estos asuntos dentro del paquete de reformas que se plantee mediante la delegación de facultades legislativas. Si se revisa el contenido de dicha delegación, ninguno de los temas que estamos conversando aparece allí, pues está enfocada principalmente en asuntos militares y penales.

¿Cuáles son sus perspectivas sobre el gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana?

Yo le deseo los mejores éxitos. De verdad deseo lo mejor para el general Astudillo también, porque el éxito de la presidenta significa el éxito de todos los peruanos. En ese sentido, como peruanos debemos darle todo el apoyo necesario. Los resultados de su gestión todavía se verán con el paso de las semanas y los meses. Aunque, creo que es importante atacar las finanzas del crimen para poder acabar de raíz con este problema.

¿Qué opinión le merece el mensaje presidencial? ¿Hay alguna frase optimista que considere importante resaltar?

Me parece que debo evaluarlo con mucha serenidad y cautela. Se planteó que en los espacios donde hay crimen se retomará el control a través de las Fuerzas Armadas. Yo creo leer entre líneas un proceso de militarización de la seguridad.

Esto se ha practicado en Ecuador, Brasil y México, con resultados bastante disímiles. Por eso creo que hay que verlo con cautela. Espero que funcione bien. No hay mayores detalles sobre cómo se implementará, pero hay que observarlo con cuidado, porque este tipo de medidas de seguridad también tiene una contracara. La idea es combatir el crimen y no que alguna medida termine haciéndolo más fuerte, violento o extendido en el territorio.

En base a su experiencia, ¿qué recomendación le daría a Keiko Fujimori para enfrentar la delincuencia?

Si me pidieran una recomendación, le diría que enfoque el problema transversalmente. Hay que abordarlo desde el ámbito tecnológico, con los chips; revisar el sistema penitenciario y las antenas que reproducen la señal telefónica y de Internet alrededor de los penales; abordar el tema de las cuentas bancarias y perseguir la ruta del dinero.

También se debe colocar a personas con experiencia e idoneidad para atender este problema. En el caso de las empresas de seguridad, por ejemplo, se deben eliminar las empresas fachada que sirven de cobertura para que el crimen pueda operar con impunidad.

¿Qué opinión le merece la designación de César Astudillo como ministro del Interior?

Es un general destacado y una persona con una carrera importante. Solamente cabe la duda de que, obviamente, tiene un perfil más cercano al ministro de Defensa que al ministro del Interior.

Igual uno le desea lo mejor, pero tenemos que ver con qué personas se acompaña en este desarrollo, porque las dinámicas policiales son distintas de las militares. Las doctrinas de defensa también son diferentes de la doctrina policial, su implementación y su proyección con la ciudadanía.