El caso que involucra al diputado Julián Pérez continúa generando nuevas interrogantes luego de que la abogada del parlamentario y el contenido del acta policial presentaran versiones distintas sobre la presunta agresión ocurrida contra su expareja. Mientras el legislador permaneció durante la noche en la comisaría de San Miguel tras ser denunciado por violencia física y psicológica, las diligencias continuaron a la espera de la intervención de un fiscal supremo debido a su condición de parlamentario.
Según informó Latina Noticias, el diputado de Juntos por el Perú fue trasladado durante la noche a Medicina Legal y posteriormente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), antes de regresar a la comisaría de San Miguel, donde permaneció mientras avanzaban las investigaciones. Al lugar también acudieron altos mandos de la Policía Nacional y la abogada del legislador, Gabriela Estefanero.
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De acuerdo al cita medio, la secuencia de los hechos todavía no ha sido esclarecida por completo. Sin embargo, la versión ofrecida por la defensa del diputado difiere en aspectos importantes de la información consignada en el acta de intervención policial, documento que forma parte de la investigación fiscal.

Abogada asegura que diputado fue víctima de agresión
La defensa del diputado aseguró que existieron dos momentos distintos durante la jornada en que ocurrieron los hechos. Según explicó, inicialmente hubo una discusión en la vivienda de la expareja del diputado y posteriormente ambas partes decidieron acudir voluntariamente a la comisaría de San Miguel para dejar constancia de un retiro voluntario del hogar.
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Durante ese segundo episodio, afirmó que fue su patrocinado quien terminó siendo agredido físicamente. “El acta de intervención policial señala un hecho plenamente objetivo (...) volteamos y vemos que al señor Mallqui le están dando manotadas y él se está protegiendo con los brazos”, declaró la abogada, citando parte del documento policial mostrado a la prensa.
Asimismo, sostuvo que el procedimiento presentó diversas irregularidades. “No le han querido recepcionar su denuncia para que él pueda hacer su denuncia respectiva por abuso de autoridad, por omisión de funciones e incluso por agresión”, manifestó Estefanero. Además, afirmó que su defendido “no quiere aprovechar su condición de diputado” y que únicamente busca que el proceso se desarrolle “respetando el debido proceso”.
Acta policial contradice versión
No obstante, el informe periodístico precisó que el contenido del acta policial revisada por Latina Noticias no coincide completamente con la versión expuesta por la defensa. Según el documento, la agresión física sí habría ocurrido dentro de la comisaría, pero mientras ya se desarrollaban diligencias relacionadas con una denuncia por presunta violencia psicológica.
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De acuerdo con el citado medio, la diferencia resulta relevante porque la defensa sostiene que el diputado nunca incurrió en actos de violencia y atribuye responsabilidad a los efectivos policiales por permitir que se produjera una agresión dentro de las instalaciones policiales.
Durante la cobertura también se informó que, al ser consultada sobre las lesiones que presentaría la expareja del legislador, la abogada no brindó mayores explicaciones y se retiró del lugar sin responder nuevas preguntas. En ese contexto, el informe destacó la importancia de contrastar las distintas versiones con los documentos oficiales y las diligencias que continúan desarrollándose.
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Fiscal supremo seguirá la investigación
Otro de los aspectos relevantes del caso es que la investigación deberá ser asumida por un fiscal supremo debido al cargo que ocupa Julián Pérez. Según informó Latina Noticias, inicialmente acudió un fiscal de familia; sin embargo, este decidió inhibirse de continuar con el procedimiento al advertir que el caso correspondía a una instancia superior.
En las próximas horas se espera la llegada de un fiscal supremo, quien deberá evaluar las actuaciones realizadas hasta el momento y determinar si corresponde formalizar la denuncia contra el legislador. También deberá definir la situación jurídica inmediata del parlamentario y establecer si continuará detenido o recuperará su libertad mientras avanzan las investigaciones.
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