Keiko Fujimori anuncia que las Fuerzas Armadas liderarán operativos durante estados de emergencia

La inseguridad ciudadana será uno de los dos frentes de emergencia que concentrarán las primeras acciones del gobierno de Keiko Fujimori. En su primer mensaje a la Nación, la presidenta anunció una estrategia contra la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la minería ilegal y las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país.

El diagnóstico presentado por la mandataria parte del temor que enfrentan comerciantes, transportistas, emprendedores y familias en distintas ciudades. Fujimori mencionó como ejemplo el incendio ocurrido días atrás en La Victoria, donde murieron diez personas, entre ellas cinco menores, en un hecho que —según indicó— habría estado relacionado con una extorsión.

La respuesta anunciada combinará participación militar, fortalecimiento policial, tecnología, inteligencia y reformas en el sistema de justicia. Sin embargo, durante el discurso no se precisaron los territorios que serían intervenidos primero, el presupuesto destinado a las medidas ni el plazo para ponerlas en marcha.

Fuerzas Armadas asumirán el liderazgo durante emergencias

Fujimori afirmó que, en las zonas donde el crimen organizado, el narcotráfico o la minería ilegal hayan desplazado la presencia estatal, su gobierno empleará las herramientas previstas en la Constitución.

Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional, hasta que el Gobierno considere restablecida la autoridad del Estado.

La propuesta supone otorgar a los militares un papel central en intervenciones que, de manera ordinaria, corresponden a la Policía. El mensaje no detalló bajo qué criterios se declararán estos estados de emergencia, cuánto durarán ni qué indicadores serán utilizados para evaluar sus resultados.

Videovigilancia e inteligencia artificial contra el delito

La modernización tecnológica de la Policía será otro componente de la estrategia. La presidenta anunció la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, herramientas modernas de comunicación y centros de comando para coordinar respuestas frente a hechos delictivos.

También propuso utilizar plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito. Estas herramientas podrían procesar información sobre denuncias, zonas de mayor incidencia y modalidades criminales, aunque su uso requerirá reglas claras sobre el manejo de datos personales, la supervisión de los sistemas y la responsabilidad sobre sus decisiones.

Fujimori aseguró que su prioridad será devolver a la Policía equipamiento, respaldo político y capacidad operativa. A la vez, anunció un sistema permanente de reconocimiento al mérito para los agentes que destaquen por su desempeño y compromiso con la ley.

Persecución de mafias y depuración policial

La mandataria sostuvo que la ofensiva no estará dirigida únicamente contra la delincuencia común. Su gobierno buscará desarticular a las organizaciones nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.

Para ello, planteó fortalecer los sistemas de inteligencia y atacar no solo a los autores materiales de los delitos, sino también a sus cabecillas y estructuras económicas.

Fujimori también dirigió una advertencia a los policías involucrados en actividades criminales. “Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno”, afirmó. Según indicó, quienes deshonren el uniforme deberán responder ante la justicia.

Flagrancia y reforma de las cárceles

Entre las medidas anunciadas figura el fortalecimiento y la ampliación de las unidades de flagrancia, donde distintas instituciones del sistema de justicia trabajan de manera conjunta para acelerar los procesos cuando una persona es detenida durante o inmediatamente después de cometer un delito.

La presidenta también prometió una reforma penitenciaria para impedir que las cárceles continúen funcionando como centros de coordinación de extorsiones y otras actividades del crimen organizado.

Para impulsar estos cambios, el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia y solicitará facultades legislativas al Congreso. Fujimori señaló que su gobierno coordinará con el Poder Judicial y el Ministerio Público la aprobación de las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias.

El anuncio coloca a la inseguridad en el centro de los primeros días de la nueva administración. El siguiente paso será conocer cómo se distribuirán las responsabilidades entre policías y militares, cuáles serán las primeras zonas intervenidas y qué resultados concretos deberá mostrar la estrategia para no repetir operativos temporales sin impacto sostenido.