Normas de último minuto

El 17 de Julio el Organismo Especializado en Contrataciones del Estado (OECE), aprobó la Directiva 004-2025-OECE/CD, Directiva del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas-JPRD (REGAJU), que constituye la segunda versión respecto de una previamente aprobada. Esta norma, contiene los requisitos para la inscripción en el REGAJU y con ello, poder participar en controversias de obras. No obstante, ha recibido desde antes de su publicación críticas por parte de múltiples Cámaras de Comercio del país, por considerar que podría restringir injustificadamente la competencia y debilitar la descentralización de mecanismos de solución de controversias, impactando en las inversiones públicas. Entre los aspectos controversiales contiene metrajes mínimos para las distintas áreas del Centro Arbitral a cumplir para poderse registrar, incluyendo metros para baños y cocinas, aspectos que no guardan relación con la labor y calidad de un Centro Arbitral.

El 18 de Julio se publicó el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo 1252 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), que introduce modificaciones que requerirán un desarrollo posterior a nivel de una nueva Directiva con los procesos aplicables, por ejemplo, en materia de inversiones públicas de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Aspecto que no es menor, se recomienda realizar este tipo de inversiones públicas frente al Fenómeno del Niño.

Al día siguiente, el 19 de Julio se publicó la Ley 32732, que aprueba un crédito suplementario supuestamente justificado principalmente en el mayor financiamiento de inversiones públicas, sobre todo ante el Fenómeno del Niño. No obstante, destina una importante cantidad del presupuesto al incremento del gasto corriente relativo al personal de distintas entidades públicas, incluyendo remuneraciones, bonos y gratificaciones. Además, dispone que los organismos reguladores no opinan más en contratos de Asociaciones Público Privadas, otro cambio importante en la infraestructura pública.

Esta potencial inestabilidad jurídica con nuevas normas en los últimos días del Gobierno saliente, que recaen en el financiamiento, en las reglas técnicas aplicables, en la institucionalidad y en la solución de disputas en la infraestructura pública, sumada a los aspectos pendientes de desarrollo, lamentablemente coincide con un contexto de cambio de liderazgos en las entidades públicas encargadas de la ejecución de obras en los tres niveles de gobierno, lo cual puede impactar en los equipos técnicos y en las prioridades a seguir. Este aspecto de por sí, ya supone un reto para el próximo Gobierno de Keiko Fujimori, que se acrecienta en un contexto de Fenómeno del Niño, donde se necesita acción en vez de mayor demora. El timing del Poder Ejecutivo, no ha sido el mejor.

Se anuncian más directivas que impactarán en las contrataciones públicas en infraestructura ¿podrá la gestión del Presidente saliente, dejar estas decisiones en las manos del gobierno entrante adoptando un criterio de oportunidad?, ¿Se podrán frenar las normas de último minuto, y con ello, la potencial incertidumbre jurídica?