Propuestas para la Agenda Laboral del nuevo gobierno

El martes 28 de julio la señora Keiko Fujimori juramentará como Presidenta de nuestra República por el período 2026-2031. Asumido el cargo, deberá designar a su primer Consejo de Ministros, el cual tendrá 30 días para presentar el Plan de Gobierno y solicitar el voto de confianza a la flamante Cámara de Diputados.

Estos días previos a la fecha en cuestión son decisivos para la priorización de las políticas públicas que se implementarán en el horizonte temporal del nuevo gobierno. En este contexto, y con el ánimo de aportar al debate, me permito compartir tres propuestas prioritarias que han surgido desde la reflexión colectiva en las aulas universitarias:

La tasa de informalidad laboral en el Perú asciende al 71% según INEI. El debate aquí se ha centrado en los costos laborales no salariales; es decir, para que resulte rentable a un empresario pagar el salario mínimo (y ser formal en general), el retorno en productividad del trabajador contratado debe ser superior al salario pagado.

Esta meta de rentabilidad se puede lograr a través de 2 “recetas”: (i) o reduces el salario mínimo (y/o los beneficios laborales) para que se equipare a la baja con la productividad laboral deficitaria; o, (ii) incrementas suficientemente la productividad laboral para que esté por encima del salario y resulte rentable al empresario.

La primera receta ha fracasado en el Perú. Es hora de que el nuevo gobierno apueste por incrementar la productividad mediante incentivos para la capacitación del capital humano y la innovación tecnológica, reduciendo el costo de acceso al crédito formal y a través de la expansión de mercados a través de encadenamientos productivos.

Según el INEI la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años ascendió a 11%; es decir, que el desempleo juvenil duplicó el promedio nacional de la tasa de desempleo general (4,9%).

Aquí hay dos tareas urgentes. La primera es adecuar la oferta y la demanda a través de sistemas de empleo inteligentes, oportunos, enfocados en los jóvenes y que cierren la brecha entre lo que buscan las empresas y lo que estudian los jóvenes. La segunda, fortalecer en todos los niveles formativos las competencias y habilidades que el mercado actual demanda: priorizar carreras técnicas con alta demanda e implementar una alfabetización universal en el uso de la IA.

El Perú expresó formalmente su interés en acceder a la OCDE en noviembre de 2012. Desde 2022 se cuenta con una Hoja de Ruta que detalla el camino para que el país adapte sus políticas públicas y marcos legales a los estándares internacionales en áreas como economía, comercio, salud y -por supuesto- trabajo.

Esto implica que el Perú garantice el cumplimiento del “núcleo duro” de los derechos fundamentales en el trabajo: aprobar e implementar las políticas nacionales para erradicar el trabajo forzoso e infantil, supervisar el cabal cumplimiento de las normas que promuevan la igualdad por razón de género y la libertad sindical, así como reducir las tasas de accidentabilidad laboral y ampliar la cobertura de protección social.

Ciertamente, estas tres son solo algunas prioridades de una larga lista de problemas en materia laboral que afectan a nuestro país, pero estoy convencido de que es un buen punto de partida para iniciar la implementación de una nueva política pública en el sector trabajo y empleo del Perú.