Gobernar también es comunicar

La segunda vuelta presidencial no solo dejó un resultado estrecho. También evidenció un país fragmentado, una ciudadanía con muchas demandas y un gobierno que dispondrá de poco tiempo para construir confianza. En un escenario marcado por la polarización, la inseguridad y la creciente desconfianza hacia las instituciones, la comunicación dejará de ser un componente accesorio de la gestión para convertirse en una condición de gobernabilidad.

En tal sentido, las primeras acciones comunicacionales observadas durante la transición de mando ofrecen un punto de partida para una reflexión más amplia. Más que evaluar el desempeño de una autoridad en particular, invitan a preguntarnos qué tipo de comunicación necesita un régimen para fortalecer la gobernabilidad durante los próximos cinco años.

La respuesta pasa por entender que la comunicación de un gobierno no tiene como objetivo principal mejorar la imagen de un presidente. Su propósito es darle sostenibilidad y coherencia comunicativa a un gobierno, a fin de facilitar la comprensión de las decisiones, reducir la incertidumbre, fortalecer la legitimidad y contribuir así a generar confianza ciudadana.

Durante mucho tiempo, la gestión comunicacional en el Perú ha sido entendida como un instrumento para administrar coyunturas o defender políticamente a una autoridad. Cada crisis modificó la agenda y la estrategia terminó subordinada a la urgencia, convirtiendo a la comunicación en un mero apagaincendios.

Desde la mirada académica y profesional, se plantea un enfoque distinto desde hace varios años. El politólogo argentino Mario Riorda sostiene que la comunicación gubernamental, en democracia, tiene como propósito generar consensos y legitimar las acciones del gobierno mediante su relación con la ciudadanía. Las investigadoras María José Canel y Karen Sanders la conciben como una función inherente al ejercicio del poder democrático, indispensable para explicar decisiones públicas, rendir cuentas y fortalecer el vínculo entre las instituciones y los ciudadanos. Así, la comunicación deja de ser un recurso accesorio para convertirse en un componente estratégico de la acción gubernamental.

Esta reflexión adquiere mayor relevancia en el contexto peruano. La polarización política, la fragmentación del debate público y la creciente desconfianza hacia las instituciones han reducido significativamente la denominada “luna de miel” de los nuevos gobiernos. Hoy, las administraciones cuentan con muy poco tiempo para construir credibilidad y mucho menos margen para cometer errores.

En este escenario, la profesionalización de la función comunicacional deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. Una oficina de comunicación no existe para sustituir la voz presidencial ni para competir con ella. Su función consiste en garantizar información oficial, oportuna y verificable; coordinar apariciones y declaraciones públicas; transparentar la gestión; anticipar escenarios y reducir la incertidumbre. La comunicación política corresponde al liderazgo de quien gobierna; la comunicación institucional, al Gobierno en su conjunto.

Pero esa función también debe ofrecer previsibilidad. Los ciudadanos necesitan saber dónde encontrar información oficial y quién comunica las decisiones del Gobierno. Los medios y los ciudadanos requieren canales claros y respuestas oportunas, mientras que los funcionarios necesitan protocolos que aseguren coherencia institucional. La previsibilidad reduce la incertidumbre y fortalece la confianza porque permite que la ciudadanía conozca cómo y cuándo el Estado comunica.

El Perú necesita avanzar hacia una comunicación de gobierno profesional que no se politice, que no improvise ni opine, sino que informe con oportunidad, explique decisiones y actúe bajo protocolos claros. No para mejorar la imagen de una autoridad, sino para fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas y generar mejores condiciones para gobernar.

El próximo gobierno tiene la oportunidad de entender la comunicación como una política pública orientada a fortalecer la gobernabilidad. Profesionalizarla, institucionalizarla y sostenerla durante todo el quinquenio será tan importante como cualquier reforma económica o política. En un país que ha convivido durante años con la incertidumbre, la legitimidad democrática no se sostiene únicamente en las urnas. Se construye cada día cuando un Gobierno informa con oportunidad, explica con claridad, comunica con coherencia y ofrece certidumbre a la ciudadanía. Porque gobernar también es comunicar.