Pesca ilegal: entre la impunidad y la urgencia de autoridad

Cada cierto tiempo un operativo nos recuerda que la pesca ilegal no es un problema menor ni pasajero. Esta semana fue Chimbote, con el desguace de tres embarcaciones que operaban bajo identidades clonadas y características alteradas. La noticia generó titulares, pero lo que realmente genera es el siguiente cuestionamiento: ¿qué tan sostenibles son las medidas aisladas cuando los vacíos legales y la insuficiente capacidad de fiscalización siguen permitiendo que los astilleros clandestinos se multipliquen en la costa peruana?

El caso ocurrido recientemente en Chimbote resulta revelador porque expone la sofisticación de las prácticas ilícitas. No se trataba de simples embarcaciones sin matrícula, sino de un esquema que utilizaba una misma identidad para extraer recursos de manera simultánea, burlando los sistemas de control y poniendo en riesgo la biomasa. La aplicación del Decreto Legislativo Nº 1393, que regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca, permitió el desguace de motores y estructuras valorizadas en millones de soles, un paso importante que marca precedente. Sin embargo, la experiencia demuestra que clausuras aisladas suelen ser efímeras y que, al poco tiempo, los astilleros reabren con la misma maquinaria y bajo la misma lógica de ilegalidad.

El problema de fondo es institucional. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú – DICAPI, cumple un rol clave en el control marítimo y el registro de embarcaciones, pero sus competencias se ven limitadas cuando actúa en solitario. Para que las clausuras sean efectivas se requiere un operativo conjunto que involucre a la Policía Nacional, los gobiernos regionales, OEFA y el Ministerio de la Producción -PRODUCE. Solo con un frente común se puede garantizar que los cierres no sean gestos pasajeros, sino parte de una política sostenida.

La ausencia de control ha tenido también un impacto económico profundo. En el caso de las embarcaciones destinadas al consumo humano directo, la falta de fiscalización permitió que la flota ilegal duplicara a la legal, abasteciendo a las mismas plantas y provocando que el precio de la materia prima se redujera casi a la mitad . Las naves que habían invertido en cumplir la normativa quedaron desplazadas y muchas terminaron abandonando la pesquería. En ese escenario, los operadores ilegales ofrecían apenas una fracción del valor real de las embarcaciones, interesados únicamente en las licencias para blanquear su actividad. El Estado, al permitir que la informalidad creciera hasta ese nivel, dejó desprotegidos a quienes apostaron por la legalidad.

El cálculo es sencillo y alarmante. Hoy pugnan más de cinco mil embarcaciones por obtener su legalidad. Si cada una requiere treinta toneladas mensuales, la demanda supera el millón y medio de toneladas de cuota. Este número se traduce en una presión insostenible sobre la biomasa. El Estado sí aplicó límites en pesquerías como la merluza, la anchoveta, la anguila o el bacalao, pero la expansión descontrolada de la flota deja sin piso cualquier intento de ordenamiento.

El debate sobre la interdicción y los vacíos legales no es solo técnico. En el sector se advierte que cualquier intento de regularizar indiscriminadamente a quienes operan al margen de la ley equivale a legalizar a “Pepe el Vivo”. La expresión refleja el riesgo de premiar la informalidad y castigar a quienes invirtieron en cumplir la normativa. Si el Estado no logra diferenciar entre quienes apostaron por la legalidad y quienes se aprovecharon de los vacíos normativos, el mensaje será devastador: la viveza se convierte en estrategia de éxito y la formalidad en un camino de pérdida.

En otras palabras, el desafío consiste en equilibrar la eficacia en la lucha contra la pesca ilegal con el respeto al principio de legalidad, el derecho de propiedad y el debido proceso. En el marco de nuestra legislación, la interdicción de embarcaciones clonadas se ha convertido en una herramienta central para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Sin embargo, su aplicación debe estar respaldada por normas expresas y ejecutarse de manera coordinada entre PRODUCE, DICAPI, el Ministerio Público y las demás entidades competentes.