
Beca 18 nació para reducir la desigualdad de oportunidades entre jóvenes provenientes de familias en condición de pobreza. Detrás de cada becario hay historias que muestran la magnitud de ese desafío. El 90% son hijos de padres que no pudieron acceder a la educación superior. El 41% migra de su ciudad para estudiar una carrera lejos de su hogar con apenas 16 o 17 años. Cientos crecieron hablando una lengua distinta al castellano.
Adecuarse a la vida universitaria ya es un reto para cualquier estudiante. Para quienes provienen de contextos de mayor vulnerabilidad, ese proceso es todavía más difícil.
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La propia evidencia de Pronabec lo demuestra. Cerca de la mitad de los becarios de primer año presenta síntomas de ansiedad o depresión y muchas solicitudes para ampliar la duración de la beca responden al estrés académico.
Por eso, Beca 18 nunca ha consistido únicamente en financiar una carrera. Su razón de ser es acompañar a los estudiantes durante su adaptación a la universidad para que las desigualdades con las que comenzaron no terminen determinando su futuro.
La evidencia demuestra que los estudiantes con mayores dificultades no necesitan más sanciones; necesitan más apoyo.
Sin embargo, hoy Pronabec parece estar dejando de tomar decisiones pensando en el becario para empezar a hacerlo desde una lógica de control presupuestal y auditoría. Las políticas públicas siempre pueden y deben mejorar. Pero mejorar no significa amputar aquellos componentes que explican sus buenos resultados sin evaluar previamente las consecuencias sobre la población que precisamente buscan beneficiar.
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El proyecto de modificación del reglamento de la Ley publicado por Pronabec el 2 de julio propone restringir mecanismos de flexibilidad, eliminar el acompañamiento académico adicional y endurecer las condiciones para conservar la beca. Lo preocupante es que estas medidas parecen ir en dirección contraria a la evidencia.
Si los estudiantes con mayor estrés académico son quienes solicitan ampliar el plazo para culminar sus estudios, ¿por qué restringir esa posibilidad?
Si quienes enfrentan más dificultades tienen mayor riesgo de desaprobar cursos, ¿por qué responder con más sanciones en lugar de fortalecer el acompañamiento?
Si quienes migran presentan mayores problemas de adaptación, ¿por qué no concentrar allí los esfuerzos de la política pública?
Y si el objetivo es formar el talento que el país necesita, ¿por qué reducir el acceso a carreras de mayor empleabilidad únicamente porque implican un mayor costo?
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Desde CAPPES identificamos, en un estudio publicado en 2025, que uno de los principales logros recientes de Beca 18 fue reducir la deserción de sus becarios a alrededor del 1%, gracias a medidas como un mayor acompañamiento por parte de las universidades y una flexibilización de las condiciones de pérdida de la beca. El mismo estudio encontró que los estudiantes pedían más acompañamiento, no menos.
Beca Bicentenario refleja una señal similar. En lugar de discutir cómo aprovechar estratégicamente al talento peruano formado en las mejores universidades del mundo, no se convocará el concurso en 2026 y se modifican las reglas para exigir el retorno de los becarios sin una estrategia clara para aprovechar el conocimiento y las capacidades que desarrollan en el extranjero.
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Las becas son mucho más que un subsidio educativo. Son una apuesta del Estado por construir capital humano y movilidad social.
Cuando una política deja de preguntarse qué necesitan sus beneficiarios para tener éxito y empieza a preguntarse únicamente cómo reducir riesgos administrativos o presupuestales, corre el riesgo de perder de vista su propósito.
Reducir la desigualdad nunca ha sido barato ni sencillo. Pretender hacerlo recortando precisamente los mecanismos que permiten a los jóvenes más vulnerables permanecer y culminar sus estudios es una contradicción. Si el Perú quiere construir igualdad de oportunidades, debe empezar por proteger las políticas que han demostrado funcionar.
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