Keiko Fujimori y el mandato de la urgencia: respuestas inmediatas para un país que busca salir adelante

Keiko Fujimori recibe un país que no admite diagnósticos superficiales. El Perú que tendrá que conducir está atravesado por cuatro urgencias simultáneas: recuperar la seguridad, enfrentar un Fenómeno El Niño de alto riesgo, sostener la economía con generación de empleo formal y reconstruir una base mínima de confianza en una sociedad políticamente partida.

El primer desafío será la inseguridad. No se trata solo de una percepción instalada en el ánimo ciudadano, sino de una experiencia concreta que ha modificado la vida cotidiana de millones de peruanos. Según el INEI, el 83,9 % de la población percibía inseguridad en 2025, mientras que el 25,2 % fue víctima de algún hecho delictivo. Además, la sensación de inseguridad en el propio barrio durante la noche subió de 56,6 % a 57,9 % entre 2024 y 2025, una señal de que el miedo ya no está asociado únicamente a espacios lejanos o zonas críticas, sino al entorno inmediato de las familias.

La nueva presidenta tendrá que liderar una respuesta que vaya más allá del endurecimiento discursivo. La expansión de la extorsión, el sicariato, el cobro de cupos y las economías ilegales exige inteligencia policial, control territorial, reforma institucional, interoperabilidad entre fiscales y policías, y una política penitenciaria seria. La seguridad no puede reducirse a patrullaje o estados de emergencia: debe convertirse en una política de Estado medible, sostenida y territorializada.

El segundo frente será climático. El Fenómeno El Niño no será un asunto marginal de gestión de riesgos, sino una prueba central de gobernabilidad. El ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y ha señalado que, para la región Niño 1+2, el evento iniciado en marzo de 2026 podría prolongarse hasta el verano de 2027, con mayor probabilidad de magnitud fuerte entre junio y septiembre. Para el verano 2026-2027, estima una probabilidad de magnitud fuerte de 48 % y moderada de 46 %.

En un país con infraestructura vulnerable, ciudades desordenadas y brechas históricas de servicios básicos, El Niño puede transformarse rápidamente en una crisis económica y social. La falta de agua es uno de los rostros más duros de esa fragilidad. De acuerdo con Sunass, en 2025 cerca de 3,3 millones de personas aún no accedían a agua potable y 6,9 millones carecían de saneamiento básico. La cobertura de agua potable apenas pasó de 88,2 % a 90,4 % entre 2015 y 2025, un avance de solo 2,2 puntos porcentuales en una década.

Por eso, la prevención no puede quedar atrapada en anuncios. La presidenta tendrá que exigir ejecución, coordinación entre niveles de gobierno, mantenimiento de infraestructura, limpieza de cauces, obras de drenaje, protección de zonas agrícolas y capacidad logística antes de la emergencia. En el Perú, la diferencia entre prevención y reconstrucción suele medirse en vidas, pérdidas económicas y años de atraso.

El tercer desafío será económico. Mantener a flote la economía no bastará si el crecimiento no se traduce en empleo de calidad. El país conserva fortalezas macroeconómicas, pero convive con una estructura laboral profundamente precaria. En 2025, la informalidad laboral alcanzó el 70,2 % a nivel nacional; es decir, aproximadamente 12,3 millones de personas ocupadas trabajaban sin contrato formal ni acceso pleno a beneficios laborales básicos. En el ámbito rural, la informalidad llegó a 94,8 %, frente al 64,5 % en zonas urbanas.

Ese dato define el tamaño real del reto. Crear empleo no significa únicamente aumentar puestos de trabajo, sino construir condiciones para que más peruanos accedan a ingresos estables, protección social, capacitación y productividad. La agenda económica de Keiko Fujimori tendrá que combinar estabilidad, inversión privada, infraestructura, simplificación regulatoria y una estrategia seria de formalización. Sin empleo formal, cualquier recuperación será incompleta.

En todo caso, Keiko Fujimori no llega a este momento desde la improvisación. Ha tenido años para prepararse, observar los errores de distintos gobiernos, revisar sus propias derrotas políticas y construir una hoja de ruta capaz de responder a las principales demandas del país. Esa será también parte de la exigencia ciudadana: que el nuevo gobierno no empiece de cero, sino que ponga en práctica una propuesta clara, técnicamente solvente y políticamente viable. Los peruanos no esperan diagnósticos repetidos, sino decisiones que ordenen el Estado, recuperen la seguridad, impulsen empleo y atiendan las brechas que siguen marcando la vida cotidiana de millones de familias.

Pero quizá el desafío más complejo será político. Keiko Fujimori gobernará un país dividido, con un electorado partido en dos y con profundas desconfianzas hacia sus élites. Desde la derecha, en un contexto regional donde varios países han girado hacia posiciones más conservadoras o de orden, tendrá que demostrar que autoridad no significa imposición, y que firmeza no debe confundirse con exclusión.

El Congreso será un espacio clave para construir consensos, pero no el único. La gobernabilidad también se juega en la relación con regiones, gremios, alcaldes, organizaciones sociales, empresarios, trabajadores informales y ciudadanos que no necesariamente votaron por ella. Si el nuevo gobierno pretende sostener reformas, deberá escuchar, explicar y negociar. No hay estabilidad posible cuando la mitad del país siente que perdió algo más que una elección.

Lo que se le viene a Keiko Fujimori, entonces, no es solo administrar el Estado. Es conducir un país cansado del desorden, golpeado por la inseguridad, vulnerable ante el clima, limitado por la informalidad y urgido de resultados. Su principal prueba será demostrar que puede gobernar con autoridad, pero también con sentido de unidad. Porque el Perú necesita orden, crecimiento y empleo; pero necesita, sobre todo, una conducción capaz de reconstruir confianza donde la política ha dejado demasiadas fracturas.