
La condena de 35 años contra Erick Moreno Hernández alias ‘El Monstruo’, sería solo la primera de varias que podría llegar a tener a causa de los procesos abiertos en su contra. El fallo por los dos casos de extorsión agravada en marzo de 2020 se suma a un expediente más amplio que podría llevarlo a enfrentar más de una sentencia similar.
Según indicó el fiscal provincial Vladimiro Capcha Fuentes en conversación con Latina, la sentencia contra Moreno Hernández recién se cumplirá después de los 12 años de condena que Hernández ya tenía por un proceso judicial anterior y que cada caso es independiente.
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“Cada caso es independiente. Como ha ocurrido en el presente caso, cuando se ha dictado los 35 años, esto lo va a cumplir después de los 12 años, que también ya tiene una sentencia anteriormente”, indicó el representante del Ministerio Público.
Por otro lado, Julio Corcuera, exviceministro del Interior, planteó que la condena puede marcar un punto de inflexión si el cabecilla decide aportar datos sobre su red, esto debido a que él mismo afirmó que es un “hombre de Dios”.

“Por más que haya sido un gran capo criminal, si realmente él quiere contribuir a cambiar la sociedad, como ha dicho, y ser un hombre de Dios y demás, ayudaría mucho que él revele una serie de información clave para la ciudadanía”, indicó el exfuncionario, aunque .
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Corcuera también precisó cómo operan las condenas cuando una misma persona afronta varios procesos penales. A diferencia de Estados Unidos, las penas en Perú no se pueden acumular, sino que se cumple la de mayor duración.
“Digamos que en otra sentencia le ponen 50 años. Se va a aplicar la que tenga mayor pena, obviamente. No se puede sumar 50 más 30 más 80. Hay ciertas características y ciertas condiciones de la ley donde se va a sumar hasta un momento”, señaló el exviceministro. Agregó que en Estados Unidos “podrías tener cinco cadenas perpetuas y 500 años”.
¿Por qué condenaron al ‘Monstruo’?
Según el Poder Judicial, el caso por el que se condenó a Moreno Hernández a 35 años de prisión se originó el 12 de marzo de 2020, cuando uno de los empresarios fue interceptado por Manuel Azpilcueta, Eduardo Torres y otros sujetos aún en identificación, que vestían chalecos de la Policía. La víctima fue llevada a un inmueble de Ancón, donde, de acuerdo con la acusación, fue recibida y amenazada por Moreno y Yen Atalaya.
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Al día siguiente, el segundo empresario fue secuestrado cuando se dirigía a la avenida San Felipe: un auto lo interceptó y hombres con chalecos policiales lo subieron por la fuerza y lo trasladaron bajo custodia de Azpilcueta y Torres. El Ministerio Público sostuvo que Moreno ordenó agresiones y grabaciones para exigir hasta USD 300.000 por la liberación.
La familia del primer empresario entregó parte del dinero el 15 de marzo de 2020, que dejó dentro de una caja en el puente El Tambo, en Comas, conforme al acuerdo con los secuestradores. La Fiscalía indicó que la Policía Nacional rescató a las víctimas y que en el operativo murió el agente William Ríos.
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De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias inmediatas permitieron identificar a Moreno como responsable de planificar y dirigir el secuestro; luego se solicitó su captura internacional y su extradición para ser juzgado en el país.
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