Salud mental en el Perú: el costo de no actuar

Existe un gasto oculto en el sistema de salud que supera los 30,000 millones de dólares anuales en América Latina, según la London School of Economics: la productividad perdida por trastornos mentales no tratados. Esta no es una cifra de bienestar corporativo, es un indicador de riesgo sistémico. En el Perú, este riesgo tiene un rostro concreto: de los 6.6 millones de personas que necesitan atención de salud mental (MINSA), un alarmante 80% conforma un mercado desatendido que no recibe tratamiento alguno (Defensoría del Pueblo).

Esta brecha no solo representa una crisis social; es una fuente de ineficiencia crónica para el sector salud. Cada uno de esos pacientes no tratados termina, tarde o temprano, generando costos indirectos por comorbilidades, ausentismo y uso de servicios de emergencia de alto costo. La estrategia actual, con una inversión menor al 3% del presupuesto de salud y una cobertura que en 2024 apenas alcanzó el 33.7% (MINSA), ha permitido avances relevantes, aunque persisten desafíos significativos para expandir la atención. Abordarlos requerirá complementar el trabajo de los especialistas con modelos que permitan ampliar la capacidad de respuesta del sistema.

La solución requiere una innovación en el modelo de servicio. Esa innovación ya fue probada en “Healthy Santiago”, una iniciativa desarrollada con el McKinsey Health Institute que redefinió la prestación de servicios en Santiago de Chile mediante la delegación estratégica de tareas. El modelo capacitó a capital humano ya presente en la comunidad (orientadores escolares, trabajadores sociales, técnicos de enfermería) para entregar intervenciones terapéuticas basadas en evidencia, bajo estricta supervisión clínica. En la práctica, se creó una plataforma de atención de bajo costo y alta capilaridad. A finales de 2025, las métricas eran las de un modelo de negocio escalable: más de 2,700 familias atendidas, una reducción de hasta el 45% en la brecha de acceso, y un Retorno Social sobre la Inversión (SROI) de hasta 17 veces. Su viabilidad no fue una casualidad, sino el producto de tres pilares: un esquema de co-inversión público-privada que aseguró el financiamiento, un protocolo clínico estandarizado (CETA) que garantizó la calidad, y un liderazgo político local que actuó como socio estratégico. No es un piloto experimental; es un modelo con replicabilidad demostrada.

Perú está en una posición única para escalar este modelo disruptivo. La Ley de Salud Mental de 2019 ofrece un marco regulatorio favorable que brinda seguridad jurídica a la inversión. Los 255 Centros de Salud Mental Comunitarios actúan como una red de distribución preexistente, minimizando el CAPEX necesario para la expansión. Y los miles de agentes comunitarios representan un capital humano pre-posicionado, listo para ser capacitado en un modelo de delivery eficiente.

Ignorar esta realidad es aceptar un pasivo creciente. Actuar, en cambio, permite capturar un valor inmenso. El caso de inversión de la OPS, la OMS y el PNUD para el Perú es claro: ampliar el acceso podría generar hasta S/ 2,700 millones en beneficios, no solo por productividad, sino por la optimización de todo el sistema de salud. Se trata de reducir la presión sobre los recursos especializados de alto costo y mejorar los resultados para toda la cartera de pacientes.

La pregunta para cualquier líder del sector ya no es si la salud mental es importante, sino quién será el pionero en capitalizar esta oportunidad. La historia de Santiago no es una anécdota, es el plano detallado de un nuevo estándar de atención. El primero en ejecutarlo en el Perú no solo transformará el bienestar de millones, sino que definirá las reglas del mercado de la salud para la próxima década.