Roberto Sánchez: denuncias, entorno más cercano, nuevo plan de gobierno y el peso de su antivoto

A tres días de las elecciones presidenciales, el panorama político en Perú experimentó un giro inesperado cuando Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, presentó un nuevo plan de gobierno que deja atrás propuestas económicas controversiales y busca una imagen más moderada. La presentación, realizada en Lima, sacudió la recta final de la campaña y reordenó alianzas en el espectro progresista.

La campaña de Roberto Sánchez rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 se ha visto marcada por el avance de una acusación fiscal que lo coloca en una posición delicada frente a la opinión pública. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses de prisión para el congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú por presuntos delitos vinculados al manejo irregular de fondos partidarios. Esta situación judicial, sumada a los cuestionamientos sobre su círculo íntimo y la polémica en torno a su plan de gobierno, ha definido el carácter de una candidatura que despierta adhesiones y rechazos en igual medida.

Situación judicial: Problemas con las cuentas de JPP

A fines de mayo, la Fiscalía programó la audiencia de control de acusación que determinará si el caso del candidato presidencial Roberto Sánchez avanza a juicio oral, lo que podría acarrear su inhabilitación política.

Según reportes recogidos por Cuarto Poder y replicados por diversos medios nacionales, la investigación sostiene que entre 2018 y 2020, la dirigencia de Juntos por el Perú declaró balances en cero ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras más de 200.000 soles de aportes de militantes y simpatizantes habrían sido desviados hacia cuentas personales y de allegados al candidato.

Este monto, equivalente a cerca de 54.000 dólares estadounidenses, constituye el núcleo de la acusación por falsa declaración y falseamiento de información en procesos administrativos.

Entorno más cercano

El entorno más cercano de Sánchez también enfrenta serios cuestionamientos. Su hermano, William Sánchez Palomino, quien se desempeñó como presidente del Comité Electoral del partido, ha sido señalado por la Fiscalía como la persona que abrió la cuenta bancaria donde se depositaron los fondos cuyo destino es materia de investigación. Además, reportó la desaparición de 11 cuadernos de actas partidarias, un hecho que ha levantado sospechas en el Ministerio Público y ha sido ampliamente difundido por el dominical Cuarto Poder.

La tesorera nacional de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay Casas, figura como responsable de las finanzas durante la campaña. Según registros policiales, enfrenta múltiples denuncias por el extravío de libros contables y de actas, lo que ha contribuido a la opacidad en el manejo económico del partido. La Fiscalía considera que estos documentos resultan clave para esclarecer el destino de los fondos señalados en la acusación.

Completa el círculo de confianza Luis Alejandro Bazalar García, asesor político y director espiritual de Sánchez, cuya trayectoria incluye una expulsión del Vaticano. Su presencia ha generado controversia en sectores del partido y ha sido objeto de reportajes periodísticos, que señalan la influencia de su visión religiosa en la toma de decisiones estratégicas.

Un programa con sello de giro centrista y búsqueda de consensos

El plan presentado por Sánchez deja de lado la propuesta de renegociar los tratados de libre comercio y afirma que Perú respetará todos los tratados internacionales. Además, en el capítulo de política exterior, el nuevo texto indica que se mantendrán relaciones de amistad y cooperación con Estados Unidos, Europa y China. Esta orientación supone un contraste con el plan inicial, donde se planteaba una alineación con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Durante la presentación, Sánchez estuvo acompañado por figuras como Pedro Francke, Ernesto Sunini y Manuel Rodríguez Cuadros. El candidato definió el texto como un acuerdo político más amplio que el programa partidario y remarcó: “Este es fuerte el programa de consenso que reúne no solamente a Juntos, sino a todos aquellas que hoy nos sentimos convocados para la madurez gran consenso buscar las coincidencias para solucionar los principales problemas de Perú”.

Inclusión y exclusión de propuestas: el nuevo enfoque del plan

El nuevo documento de Juntos por el Perú incorpora también ideas de partidos como Venceremos, Ahora Nación, Obras y Primero la Gente. Esta integración de propuestas coincide con la eliminación de varias medidas presentes en la plataforma original. Entre las omisiones más visibles se encuentra la eliminación de los contratos ley y la ausencia de la propuesta para crear veedurías ciudadanas encargadas de fiscalizar a los medios de comunicación, que sí figuraba en el primer documento.

El plan fue objeto de modificaciones en cuestión de horas. Una versión inicial de la página 60 mencionaba que el Estado nacionalizaría Telefónica del Perú y recuperaría activos estratégicos de telecomunicaciones. Sin embargo, esos párrafos fueron retirados poco después. “Sorprendentemente, a las horas eliminaron estos párrafos del documento”. La supresión de ese punto fue interpretada como una señal de búsqueda de gobernabilidad y de apertura hacia el centro político.

Un proceso dinámico: versiones, rectificaciones y equipo ampliado

La presentación del nuevo plan ocurrió cuando restaban menos de una semana para la segunda vuelta. Tras la actividad, el candidato viajó a Huaraz para continuar la campaña. El documento fue dado a conocer en presencia de 124 integrantes del renovado equipo técnico y también suma parte del ideario de agrupaciones como Ahora Nación de Alfonso López Chau, Obras de Ricardo Belmont y la alianza electoral Venceremos.

El capítulo de telecomunicaciones concentró buena parte de las modificaciones. En una de las primeras versiones, se propuso la nacionalización de Telefónica del Perú bajo el argumento de supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales, además de declarar las telecomunicaciones infraestructura crítica del Estado, sujetas a control público y supervisión permanente. Horas más tarde, el partido difundió una nueva versión digital en la que se eliminó la referencia a la nacionalización, aunque mantuvo los puntos sobre control estatal y supervisión del sector.

Asamblea Constituyente: de objetivo estratégico a alternativa

En el plano constitucional, el nuevo texto reduce el alcance de la Asamblea Constituyente. Mientras que el plan presentado en la primera vuelta la consideraba el único mecanismo para reformar la Constitución vigente, la versión actual la menciona solo una vez y la plantea como una alternativa. El documento admite ahora la posibilidad de reformar la Carta Magna a través del procedimiento especificado en el artículo 206, que exige mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el Senado.

Esta modificación responde a una de las principales inquietudes surgidas en el debate público sobre el programa: ya no se presenta la constituyente como única vía, sino que se abre la puerta a cambios constitucionales por los mecanismos previstos en la propia Constitución de 1993. Según la explicación, el texto original sigue publicado en la página del Jurado Nacional de Elecciones, mientras que las nuevas versiones corresponden a actualizaciones difundidas durante la segunda vuelta y en conferencias de prensa.

Economía: del intervencionismo a la promoción de mercado y respeto a los tratados

El contraste más marcado se percibe en el capítulo económico. El documento original defendía la renegociación de contratos sobre recursos naturales como gas, minería e hidrocarburos, así como la eliminación de los contratos ley y de regímenes tributarios y laborales en una eventual nueva Constitución. El nuevo plan reemplaza esa perspectiva por una visión de Estado de economía de mercado abierta, respetuosa de los tratados internacionales de libre comercio y promotora de la inversión interna y externa.

La nueva versión añade que se impulsará la inversión privada y popular de manera descentralizada y en todos los territorios del país. Además, el texto menciona el respeto a la propiedad privada, la vigencia de los contratos y la promoción de la responsabilidad social. Durante un intercambio televisivo, una de las conductoras resumió el cambio al afirmar que el plan de la primera vuelta era “completamente antagónico” respecto de las versiones presentadas en las últimas 24 horas. El periodista responsable de la comparación precisó que cualquier ciudadano puede acceder al plan inicial para comparar ambos enfoques.

Telecomunicaciones, control estatal y debate abierto

Pese a la supresión de la nacionalización de Telefónica del Perú, el acápite sobre telecomunicaciones aún propone declarar el sector como infraestructura crítica del Estado, lo que implica control público, supervisión permanente y criterios de seguridad nacional y soberanía digital. Esta formulación, deja abierta la preocupación por el eventual alcance del control estatal sobre el sector, tema que seguirá en discusión en los últimos días previos a la segunda vuelta.

La presentación del nuevo plan de gobierno, que reunió a más de un centenar de técnicos y sumó propuestas de diferentes agrupaciones, fue presentada por Sánchez como el inicio de una etapa orientada a la búsqueda de amplios acuerdos para enfrentar los desafíos del país. El candidato cerró la jornada partiendo hacia Huaraz para continuar con las actividades proselitistas, en un clima de expectativa nacional frente a la inminente definición electoral.

El peso del antivoto

La figura de Roberto Sánchez concentra un nivel significativo de rechazo, fenómeno conocido como antivoto, que se ha intensificado conforme avanzó la campaña. Analistas políticos coinciden en que el antivoto tiene origen en dos factores principales: su cercanía con el expresidente Pedro Castillo y sus alianzas con sectores considerados radicales. Durante el gobierno de Castillo, Roberto Sánchez ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo, una gestión que quedó marcada por las denuncias de corrupción y la inestabilidad política.

El vínculo con el núcleo político de Castillo y la aproximación a figuras como Antauro Humala han alimentado la preocupación de sectores empresariales y de parte del electorado sobre una eventual deriva radical en caso de que Sánchez alcance la presidencia.

Diversos sondeos publicados por Ipsos Perú muestran que el antivoto del candidato se ubica entre los más altos de la contienda, motivado por el temor a un quiebre institucional, la eventual intervención estatal en la economía y la percepción de que su propuesta podría polarizar aún más el ambiente político.

Controversia en la campaña de Roberto Sánchez

La campaña de Juntos por el Perú ha respondido a estos señalamientos con llamados a la unidad nacional y la promesa de un gobierno de transición hacia un nuevo modelo social y económico. Voceros partidarios subrayan que la convocatoria a una Asamblea Constituyente representa una vía democrática para canalizar demandas históricas de inclusión y justicia social.

Mientras tanto, el futuro político de Roberto Sánchez permanece en suspenso a la espera de la definición judicial sobre las denuncias en su contra. El 27 de mayo se realizará la audiencia de control de acusación, punto de inflexión para su postulación y para la continuidad de su fuerza política en el escenario electoral.

El desenlace de este proceso podría marcar no solo la suerte personal de Sánchez, sino también el rumbo de la izquierda peruana y el debate sobre la necesidad de reformas estructurales en el país.