Retrocesos disfrazados de propuestas

El plan de gobierno de Juntos por el Perú promete transformar el sector pesquero bajo la bandera de “soberanía y justicia social”. Sin embargo, detrás de ese discurso se esconden medidas que generan incertidumbre, preocupan a los gremios y amenaza con paralizar inversiones de un sector estratégico para el país.

Dentro de las medidas propuestas del plan de gobierno de Juntos por el Perú para el sector pesquero, plantea, entre otras cosas, la derogación del Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, el incremento de derechos de pesca para la flota industrial, la creación de una superintendencia autónoma de fiscalización y el llamado “reimpulso” al consumo de anchoveta. También incluye auditorías al sistema de cuotas individuales, controles más estrictos sobre la flota artesanal y la independencia técnica del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Algunas ideas suenan bien. Otras son un retroceso. Derogar el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, sería desmontar la herramienta que introdujo la bitácora electrónica, los cierres inmediatos ante pesca de juveniles y la obligación de reportar capturas en tiempo real. Fue un salto técnico que redujo la mortalidad juvenil y dio transparencia a la actividad extractiva. Eliminarlo sería volver a un sistema punitivo tardío, debilitando la capacidad del Estado para reaccionar y controlar la pesca responsable.

Es una realidad que la desnutrición es un desafío que el Perú debe enfrentar con urgencia. En ese contexto, el llamado “reimpulso” al consumo de anchoveta puede parecer atractivo, pero sin infraestructura adecuada —desembarcaderos con agua, hielo, transporte y condiciones sanitarias— se reduce a una declaración vacía. No basta con afirmar que la anchoveta resolverá la desnutrición si no se acompaña de políticas públicas integrales, inversiones en infraestructura y, sobre todo, un mercado capaz de garantizar su consumo efectivo.

La experiencia demuestra que la anchoveta prácticamente no se consume en el mercado local y que, por su alta perecibilidad, se destruye con facilidad si no se conserva en condiciones óptimas. No puede presentarse como solución mágica ni como recurso invocado en discursos simplistas, es una especie estratégica que exige un marco regulatorio sólido, cadenas logísticas modernas y un sistema de comercialización que asegure su llegada en condiciones adecuadas al consumo humano.

Los gremios han reaccionado ante las propuestas planteadas por el partido de Juntos por el Perú. La Asociación Nacional de Armadores Pesqueros (ANAP) advirtió que estas propuestas pondrían en riesgo al sector, calificando la derogación del DS 024-2016-PRODUCE, como un “retroceso inadmisible” y alertando sobre la inseguridad jurídica que generaría para quienes cumplen la ley. El sesgo estatista y la carga ideológica que atraviesan este plan de gobierno para el sector pesquero no son un detalle menor, constituyen factores que desalientan la inversión privada, bloquean la innovación tecnológica y reducen la capacidad de generar empleo sostenible.

El enfoque estatista y regulador del plan, bajo la bandera de “soberanía y justicia social”, genera incertidumbre en la gran industria pesquera. La reivindicación de la pesca artesanal, aunque legítima en su intención, carece de sustento técnico para evitar la sobreexplotación. Y la ausencia de propuestas de modernización e industrialización contrasta con los lineamientos de la Política Nacional de Pesca al 2040, que sí apunta a competitividad y desarrollo científico.

El riesgo es evidente. Un plan que combina populismo con estatismo termina paralizando la inversión, debilitando la gobernanza y frenando la innovación. El Perú no puede darse el lujo de perder capital ni tecnología en un sector estratégico que sostiene empleo, genera divisas y garantiza seguridad alimentaria.

Si hay algo positivo en el plan, es la propuesta de ser estrictos con la no construcción de nuevas lanchas ilegales. Frenar esa práctica es clave para la sostenibilidad, porque cada embarcación ilegal significa más presión sobre los recursos y más informalidad en el sistema. Pero ese acierto puntual no compensa el conjunto de medidas regresivas que se plantean.

El panorama que se desprende del plan de gobierno es preocupante. La derogación de una norma importante de carácter precautorio, significaría retroceder en transparencia y control de juveniles; el “reimpulso” de la anchoveta, sin infraestructura ni mercado real, se reduce a una promesa vacía; y el sesgo estatista, acompañado de una carga ideológica, amenaza con desalentar inversión, frenar innovación y limitar empleo. Los gremios ya han advertido sobre la inseguridad jurídica y los riesgos de improvisar en un sector estratégico. El país necesita políticas pesqueras modernas, capaces de equilibrar sostenibilidad y competitividad, con instituciones que funcionen y con decisiones políticas firmes.