¿Dónde están? 31 feminicidas prófugos evidencian la urgencia que las autoridades intensifiquen su búsqueda

Treinta y un feminicidas permanecen prófugos en Perú mientras la Policía Nacional intensifica la búsqueda y solicita a la ciudadanía información que permita ubicarlos. Entre enero y el 3 de junio de 2026, 49 mujeres fueron asesinadas por violencia de género, según datos difundidos por la propia institución y el Ministerio de la Mujer. La publicación de los rostros de los acusados y las recompensas económicas forman parte de una estrategia que busca frenar una tendencia que no muestra señales de retroceso.

La magnitud del problema se evidencia en las cifras oficiales acumuladas desde 2009. Perú ha registrado 2.229 casos de feminicidio en los últimos diecisiete años, revelando una persistencia de la violencia letal contra las mujeres. El 56% de las víctimas tenía entre 18 y 29 años, un dato que, según reportes de la Agencia Andina, refleja la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes ante la violencia machista.

Búsqueda permanente y difusión de rostros

La Policía Nacional del Perú (PNP) sostiene que mantiene una labor continua de investigación, inteligencia y rastreo para ubicar y detener a los acusados. En los últimos meses, las autoridades han difundido imágenes de los presuntos feminicidas más buscados y han reforzado el llamado a la ciudadanía para aportar datos relevantes a través de la línea gratuita 080040007. La recompensa ofrecida por información varía según el caso y puede llegar a 50.000 soles.

De acuerdo con la PNP, la mayoría de los feminicidios recientes involucran a agresores que formaban parte del círculo íntimo de las víctimas. Parejas, exparejas o personas del entorno cercano perpetraron gran parte de los crímenes, lo que transforma los espacios supuestamente seguros en escenarios de riesgo permanente. El informe policial subraya que muchos ataques ocurrieron en viviendas familiares o lugares frecuentados por las víctimas.

Víctimas jóvenes y patrones de agresión

Más de la mitad de las mujeres asesinadas este año tenían entre 18 y 29 años. Este patrón etario, constante en los registros anuales, ha motivado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de autoridades estatales. Según la Defensoría del Pueblo, la tendencia se mantiene desde hace al menos una década, lo que evidencia la necesidad de políticas de protección focalizadas en mujeres jóvenes y adolescentes.

Los agresores, en su mayoría, contaban con antecedentes de violencia física, psicológica o amenazas previas, de acuerdo con los expedientes judiciales. En varios casos, las víctimas habían realizado denuncias antes de ser asesinadas, lo que cuestiona la efectividad de los mecanismos de protección y prevención vigentes en el país.

Casos emblemáticos: Marisol Estela Alba, Erika Valdés y Kimberly Kasatkin

Uno de los crímenes más recordados es el de Marisol Estela Alba, quien fue asesinada por su pareja, el exoficial del ejército Luis Genaro Estévez Rodríguez. La investigación señala que Estévez apuñaló a Marisol y ocultó su cuerpo dentro de un cilindro, enterrándolo en una zona desolada de Villa El Salvador. Pese al tiempo transcurrido, Estévez Rodríguez sigue prófugo y la recompensa por información que conduzca a su captura asciende a 20.000 soles.

El caso de Erika Valdés también permanece sin justicia plena. Desde 2023, la familia aguarda la captura de Richard Montoya Calderón, acusado de golpear y atropellar a Erika antes de darse a la fuga. El monto de la recompensa por datos que permitan su ubicación se fijó en 50.000 soles. Detrás de cada feminicidio quedan hijos, hijas y familias marcadas por la ausencia y el dolor.

El caso Kimberly Kasatkin y fugas impunes

La muerte de la ciudadana canadiense Kimberly Kasatkin generó conmoción internacional. En 2016, Kasatkin fue asesinada por su esposo, el médico cirujano Christopher Franz Betoki, quien fue captado por cámaras de seguridad arrastrando un saco con el cuerpo de la víctima en Miraflores. Aunque Betoki fue detenido en 2017, recuperó la libertad un año después tras la aprobación de un habeas corpus. Desde entonces, permanece en paradero desconocido, y la recompensa por información sobre su ubicación también alcanza los 20.000 soles.

La persistencia de estos casos sin resolver ha motivado reclamos de organismos internacionales y colectivos feministas. Según Agencia Andina, la falta de captura de los feminicidas refuerza la percepción de impunidad y limita el efecto disuasorio de la ley.

Recompensas y participación ciudadana

Para las autoridades peruanas, la colaboración ciudadana resulta crucial en la localización de los feminicidas prófugos. El Ministerio del Interior habilitó el número 080040007 para recibir información confidencial y refuerza la difusión de los rostros de los acusados a través de plataformas digitales y medios tradicionales. Según el reporte policial, “cada dato aportado puede ser determinante para evitar nuevas víctimas”.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la tasa de captura se mantiene por debajo de las expectativas. De los 31 feminicidas buscados en la actualidad, varios permanecen prófugos desde hace años, lo que expone los desafíos logísticos y judiciales que enfrenta el sistema peruano.

Impacto social y desafíos institucionales

Cada feminicidio deja una secuela profunda en el entorno familiar y social. Detrás de cada caso hay hijos, padres y comunidades enteras que exigen justicia y reparación. Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de fortalecer los sistemas de protección, mejorar la atención a las víctimas y garantizar la aplicación efectiva de las leyes existentes.

En el contexto actual, la difusión de información, la colaboración ciudadana y la acción coordinada de las autoridades representan las principales herramientas frente a una problemática que sigue marcando la agenda pública en Perú.