El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que la decisión del presidente José María Balcázar de postergar el proceso de compra de aviones F-16 ha generado una crisis política que traería “consecuencias muy graves” al Perú.
Según explicó, se trata de un problema que ya había sido advertido con anterioridad por distintos actores políticos, quienes alertaron que una decisión de este tipo podía afectar gravemente al país. En su análisis, el Congreso considera que los compromisos internacionales del Estado no pueden modificarse de manera unilateral.
Rospigliosi señaló que la defensa nacional no puede estar sujeta a decisiones cambiantes, ya que responde a políticas de largo plazo adoptadas por distintos gobiernos. En esa línea, advirtió que el incumplimiento de acuerdos previamente asumidos podría generar daños importantes para el país y derivar en una crisis política de gran magnitud.
Congreso en semana de representación
Consultado sobre las consecuencias políticas, el titular del Parlamento explicó que algunos congresistas ya han manifestado posiciones frente a la crisis, aunque en este momento el Legislativo se encuentra en semana de representación, lo que limita cualquier decisión inmediata.
Indicó que será en los próximos días, cuando se retomen las actividades parlamentarias, que la Junta de Portavoces y el Pleno evalúen eventuales acciones. Entre ellas, no descartó que puedan discutirse una posible censura.
Sin embargo, evitó adelantar escenarios concretos y señaló que todo dependerá de cómo evolucione el conflicto entre el Ejecutivo y las instituciones vinculadas a la compra de los aviones.
Crisis por la compra de F-16 y tensiones dentro del Ejecutivo
El conflicto político se originó luego de que el presidente José María Balcázar anunciara la suspensión del proceso de firma del contrato de los aviones F-16, pese a que el acuerdo ya se encontraba en una etapa avanzada.
Según versiones de los exministros renunciantes, Carlos Díaz y Hugo de Zela, el contrato debía firmarse el viernes 17 de abril, pero el mandatario comunicó públicamente que la decisión se postergaría para el próximo gobierno. Posteriormente, el Ejecutivo habría bloqueado el desembolso de fondos necesarios para la primera parte de la operación.
El exministro de Defensa sostuvo que el contrato ya había sido firmado el lunes 20 de abril y que esta decisión fue comunicada al propio presidente junto al presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, Balcázar insistió en que la compra no se ejecutaría durante su gestión.
Advertencias de crisis y tensiones institucionales
En medio de este escenario, el excanciller advirtió que la decisión del mandatario afecta la credibilidad internacional del país y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de acuerdos ya suscritos. Señaló además que intentó dialogar con el presidente para explicarle el impacto de su decisión, pero no logró ser recibido.
Por otro lado, Carlos Díaz afirmó que el proceso de adquisición ya contaba con aprobación presupuestal y que los trámites administrativos habían sido completados. Por ello, advirtió que no ejecutar los compromisos asumidos podría generar problemas legales y geopolíticos.
En paralelo, el presidente Balcázar ha sostenido públicamente que la compra será evaluada por el próximo gobierno y ha llamado a la población a mantener la calma en medio de la controversia.
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