
La Mesa Directiva del Congreso autorizó el financiamiento de la defensa legal del fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, en el proceso por difamación iniciado por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, un caso que derivó semanas atrás en una condena de primera instancia de nueve meses de prisión suspendida.
El Acuerdo 130-2025-2026/MESA-CR, aprobado el pasado 26 de febrero, dispuso costear la defensa a partir de una solicitud del propio legislador y un informe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
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El documento establece que los funcionarios acceden a defensa legal financiada por la institución cuando los hechos se vinculan al ejercicio del cargo, según la normativa interna del Congreso y la Ley del Servicio Civil. Además, se precisa que, si al concluir el proceso se determina responsabilidad, Rospigliosi deberá reembolsar los gastos asumidos.
El último 7 de abril, el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema adelantó la sentencia contra el parlamentario e impuso nueve meses de prisión suspendida por un año, junto con el pago de una reparación civil de 200.000 soles a favor de Espinoza, a quien llamó “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.
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También se le ordenó el pago de costas procesales y 100 días multa a favor del Estado. La jueza Norma Carbajal dictó medidas de conducta como no cambiar de domicilio, acudir al control biométrico y abstenerse de cometer nuevo delito doloso.
El fujimorista había acusado en junio de 2025 a la entonces fiscal de la Nación de reunirse con familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023, a los que calificó de “típica fachada de subversivos”, para “jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares”, que evitaron la restitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tras el fallido autogolpe de 2022.
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Tras la destitución de Espinoza, Rospigliosi la calificó de “una desquiciada” que “obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar (progresista)”.
Minutos después del adelanto de sentencia, el titular del Congreso reaccionó en su cuenta de la red social X y afirmó que fue condenado por defender a policías y militares de la “injusta e ilegal persecución” de Espinoza, por señalar que era “pro terrorista”, “pro delincuencia” y “desquiciada”.

“Tratan de silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que barrer el sistema judicial. Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia”, sentenció.
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Tras una disputa con el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Espinoza fue separada definitivamente del cargo de fiscal de la Nación por enfrentar a un sector del Ministerio Público vinculado presuntamente con una red de corrupción enquistada en la institución.
Su sucesor, Tomás Gálvez, anunció este año un nuevo periodo sin “persecuciones” contra altos funcionarios ni líderes políticos.
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