
PERUPETRO, la agencia estatal promotora de los hidrocarburos en el Perú, lanzó una nueva alerta a solo semanas de que venza el contrato temporal del Lote Z-69, uno de los principales activos petroleros marinos del país.
En un comunicado difundido este 8 de abril, la entidad advirtió que la continuidad operativa del lote está seriamente comprometida debido a la presunta negativa de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. de entregar información clave sobre los activos, lo que bloquea la posibilidad de convocar a un nuevo operador y amenaza con dejar en suspenso la producción y los empleos en la zona.
Como medida excepcional para evitar una paralización total, la agencia propuso extender nuevamente por 12 meses el contrato temporal, permitiendo así mantener la operación mientras se culmina el proceso de licitación y transferencia.
¿Petroperú al rescate? Un año más en manos de la estatal
PERUPETRO denunció que, a pesar de múltiples solicitudes formales desde 2024, sigue sin recibir detalles fundamentales acerca de la situación y el tratamiento de las 67 plataformas marinas del lote, condición indispensable para estructurar el proceso de licitación y atraer operadores con respaldo técnico y financiero.
Según la agencia, la falta de respuestas concretas por parte de Petroperú y ProInversión acerca del futuro del lote agrava el escenario: el contrato temporal, prorrogado por 6 meses en noviembre de 2025, vence el 15 de mayo de 2026 y no existe, a la fecha, un plan de contingencia claro para evitar la paralización.

El Lote Z-69, ubicado en el zócalo marino frente a Talara, Paita y Sechura, fue asumido por Petroperú el 16 de noviembre de 2023 tras el vencimiento del contrato de 30 años que mantuvo Savia Perú (anteriormente bajo denominación Z-2B).
El Estado optó entonces por otorgar una licencia temporal de dos años a la estatal, desestimando revertir el lote para su gestión directa por 30 años, como reclamaba parte del sector privado.
El cambio de nombre a Z-69 respondía a la idea original de incorporar áreas adicionales para exploración, pero la naturaleza interina del contrato impidió a Petroperú ejecutar inversiones en nuevos proyectos.
Lote Z-69: activo estratégico a la deriva por falta de definiciones
¿Por qué se extendió el contrato 6 meses más? En septiembre de 2025, PERUPETRO declaró desierta la adjudicación internacional del Lote Z-69, luego de que ninguna empresa presentara ofertas para operar el bloque.
Ello, a pesar de que el área, de más de 127.000 hectáreas en la cuenca del noroeste, es considerada una de las más emblemáticas del upstream nacional. El proceso fue calificado como un fracaso por especialistas del sector.

El cronograma oficial establecía que la apertura de propuestas y la adjudicación se realizarían ese mes, pero la ausencia total de postores reflejó la falta de interés de los inversionistas privados, atribuido en parte a las condiciones técnicas y contractuales planteadas en las bases de la convocatoria.
Desde entonces, se suponía que PERUPETRO y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debían evaluar alternativas para reorganizar la convocatoria y asegurar la continuidad productiva en el zócalo costero de Piura.
Se dejaron de producir 300.000 barriles diarios en Talara
La importancia estratégica del Lote Z-69 se refleja en su desempeño. En marzo de 2026, la producción acumulada alcanzó los 4.069 barriles por día (bpd), un crecimiento significativo respecto a los 3.170 bpd reportados en febrero.
Con estos resultados, el Lote Z-69 se ubicó como el cuarto más productivo del país durante el tercer mes del año, solo superado por el Lote X —operado por OIG, una alianza con Petroperú y De Jong—, el Lote 95 de Petrotal y el Lote 8 de Upland Oil. Esta última había intentado previamente una alianza con la estatal para operar el Lote 192 en la selva, pero la negociación fracasó ante PERUPETRO.

Sin embargo, el potencial del área está siendo desaprovechado. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la paralización de nueve plataformas por orden de Osinergmin —en plena crisis energética— provocó la pérdida de casi 300.000 barriles de crudo y generó un perjuicio económico de más de US$22 millones.
Esta situación, de acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), impactó directamente en la oferta interna, redujo ingresos por regalías y afectó los aportes sociales a la región.
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