
El plan de gobierno de Fuerza Popular no contempla el aborto terapéutico ni la educación sexual integral como parte de ejes de protección para niñas víctimas de violación, ni plantea su implementación como política pública, según un análisis realizado por la organización feminista Manuela Ramos.
El análisis hecho por la ONG al plan de gobierno del partido fujimorista, titulado Análisis electoral Perú - 2026, detalla las propuestas de Fuerza Popular sobre la protección de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual de la que son víctimas y ha identificado que el partido propone un sistema de protección y justicia especializado para niñas víctimas de violencia sexual, con diferenciación por género y ciclo de vida, además de asignación presupuestal y gestión de casos. Aunque el plan afirma que la educación es una competencia primaria de los padres, el Estado queda relegado a un papel subsidiario.
El primer principio del Decálogo del partido es “la vida desde la concepción”, lo que excluye la posibilidad de que se contemplen políticas como el aborto terapéutico para niñas embarazadas, incluso en casos de abuso sexual. Por otro lado, la “educación sexual integral” solo se menciona una vez en todo el plan, dentro de un diagnóstico sobre causas de embarazo adolescente, sin indicar propuestas claras para su implementación como parte de políticas públicas vinculadas a la salud.

Según Manuela Ramos, el plan de Fuerza Popular menciona que una de sus propuestas es el “establecimiento de un sistema de protección y justicia especializado para la atención de niñas y adolescentes mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual”, que incluye un sistema diferenciado por género y ciclo de vida, con presupuesto específico, gestión integral de casos y el programa Familia y Colegio Protegen, que prevé campañas preventivas dirigidas a varones jóvenes. Se orienta a detectar riesgo de violencia sexual en colegios y coordinar acciones con fiscalía y comisarías, pero no incluye estrategias de prevención a través de la educación.
Sin embargo, el documento también advierte que los Centros de Emergencia Mujer no aparecen en el plan de Fuerza Popular, así como tampoco el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Términos como “feminicidio” y la palabra “género” tampoco forman parte de las consideraciones del partido de Keiko Fujimori.
Tampoco se contemplan protocolos de no revictimización ni existe institucionalidad de género que respalde estas propuestas. El informe subraya: “Un sistema de protección para niñas víctimas de violencia sexual que no menciona los CEM ni el MIMP no tiene la plataforma institucional para operar”.
Postura sobre embarazo infantil y aborto terapéutico
El informe de la ONG indica que el plan de Fuerza Popular reconoce que el 28,6 % de adolescentes de la selva rural están embarazadas y atribuye estos casos a “brechas en educación sexual integral y servicios de salud”, y plantea un programa multisectorial de prevención. Sin embargo, no menciona el aborto terapéutico ni propone implementar la educación sexual integral. Tampoco aparecen los términos “aborto” o “terapéutico” en el documento del partido.

El segundo punto del Decálogo señala que “los padres, por obligación y derecho, se encargan de la educación de sus hijos. El Estado participa de manera subsidiaria respetando la libertad de definir los alcances elegidos por ellos”. Esta premisa, según el informe, es incompatible con una educación sexual integral obligatoria y definida por el Estado.
El análisis de Manuela Ramos concluye que las propuestas de Fuerza Popular están enfocadas en la protección posterior al daño, sin prevención ni un marco institucional de género para su implementación.
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