
El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario y de las comunicaciones de Óscar Acuña, hermano del candidato presidencial César Acuña, en el marco de la investigación por el caso Frigoinca. La medida fue dispuesta como parte de la etapa de investigación preparatoria que conduce el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción vinculados al extinto programa Qali Warma.
La decisión fue adoptada por la jueza Leky Chagua, quien declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción. La resolución alcanza no solo a Acuña, sino también a sus coinvestigados: el exgerente regional de Junín, Aníbal Morillo, además de Milton Broca y Segundo Pineda. El levantamiento del secreto bancario comprende el periodo entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.
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En la misma línea, el Poder Judicial autorizó el acceso al registro de comunicaciones de los investigados, incluyendo al fallecido empresario Nilo Burga, dueño de la empresa Frigoinca. Esta medida permitirá a la Fiscalía revisar llamadas y otros intercambios que podrían ser clave para reconstruir los presuntos vínculos y coordinaciones dentro del caso.

Según la tesis fiscal, estas diligencias buscan esclarecer la existencia de una presunta organización criminal que habría operado para manipular procesos de contratación pública en beneficio de empresas proveedoras de alimentos.
Investigación apunta a red que habría favorecido a empresa proveedora de Qali Warma
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso gira en torno a un presunto esquema de corrupción que habría favorecido a la empresa Frigoinca en la distribución de conservas destinadas al programa Qali Warma, que ya no se encuentra en funcionamiento.
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La Fiscalía sostiene que esta red habría intervenido en los procesos de selección y adjudicación para beneficiar a determinados proveedores en regiones como La Libertad. En ese contexto, Óscar Acuña es señalado como una pieza clave en las coordinaciones entre funcionarios públicos y representantes de la empresa.

Según la investigación, el fallecido empresario Nilo Burga buscaba evitar el cierre de su planta en Pacanga, que enfrentaba dificultades para renovar certificaciones sanitarias. Para ello, habría contactado a Milton Broca, quien a su vez lo puso en contacto con Acuña.
La tesis fiscal indica que fue el propio Acuña quien facilitó el vínculo con Aníbal Morillo, entonces gerente regional de Salud de La Libertad. La reunión se realizó en un local partidario de Alianza para el Progreso en Trujillo, donde se habrían iniciado las coordinaciones.
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Pagos, reuniones y presuntos favores en la investigación fiscal
El Ministerio Público sostiene que, tras ese primer contacto, se habría establecido un esquema de pagos a cambio de favores. Según la investigación, en una reunión posterior se acordó que Morillo brindaría apoyo a la empresa a cambio de pagos semestrales de 50 mil soles, además de otros montos adicionales.
La Fiscalía también señala que Óscar Acuña habría recibido dinero para facilitar gestiones a favor de Frigoinca. Testimonios y declaraciones de colaboradores eficaces indican que, entre septiembre y diciembre de 2023, habría percibido más de 77 mil soles en varias entregas.

Entre los movimientos identificados figuran transferencias realizadas el 23 de octubre de 2023, por montos de cinco mil y siete mil soles. Días después, el 28 de octubre, se registraron nuevas entregas por treinta mil y veinte mil soles. Según la hipótesis fiscal, estos pagos formaban parte de un esquema destinado a asegurar condiciones favorables para la empresa, pese a las observaciones sanitarias que enfrentaba.
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Durante los allanamientos realizados en el marco del caso, Óscar Acuña no fue ubicado. Posteriormente, reconoció haber recibido dinero, aunque sostuvo que fueron montos menores y que parte de ellos fueron devueltos. Por su parte, Aníbal Morillo negó haber tenido contacto con representantes de la empresa.
Proceso en libertad y cuestionamientos sobre su situación
Pese a la gravedad de los hechos investigados, el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra Óscar Acuña, por lo que afronta el proceso en libertad. La decisión se sustentó en una modificación del Código Procesal Penal que elevó el umbral de la pena mínima requerida para dictar esta medida.
El presunto delito de tráfico de influencias que se le atribuye tiene una pena mínima de cuatro años, lo que impidió que se ordenara su encarcelamiento preventivo. El tribunal determinó que no se cumplían los presupuestos legales necesarios para restringir su libertad.
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Antes de esta decisión, Acuña permaneció no habido durante un operativo fiscal en su contra. Tras conocerse que el Poder Judicial dispuso que continúe el proceso en libertad, reapareció públicamente luego de varias semanas en la clandestinidad.
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