Marisol Pérez Tello contra presidente José Balcázar por defender a exministro denunciado por abuso sexual: “Hay gente que avala pedófilos”

La candidata a la presidencia por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, respondió con firmeza a una pregunta ciudadana sobre protección de niñas y niños frente a abusos sexuales durante el segundo bloque del Debate Presidencial 2026, y aprovechó para criticar tanto al presidente interino José Maria Balcázar como al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Pérez Tello cuestionó la defensa del presidente hacia un exministro denunciado por abuso sexual y también la presencia en el Congreso y en su lista al Senado de Milagros Jáuregui de Aguayo, acusada de revictimizar a menores en su refugio “La Casa del Padre”.

El debate, realizado el 31 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima y organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, reunió a los principales candidatos para presentar sus propuestas sobre empleo, educación, innovación y tecnología, aunque la jornada se vio marcada por confrontaciones y declaraciones polémicas más que por planes detallados.

La pregunta ciudadana planteaba cómo garantizar que los abusos sexuales en zonas rurales sean realmente sancionados y cómo promover la protección de las niñas y niños y sus denuncias.

Pérez Tello lanza dardo a presidente por exministro acusado de abuso a menor

La pregunta ciudadana que motivó la respuesta de Pérez Tello fue directa: cómo garantizar la sanción real a los abusos sexuales en escuelas rurales y asegurar la protección de las denuncias. La candidata describió el circuito de revictimización que enfrenta una menor al acudir a la policía, someterse a exámenes médicos y recibir atención institucional limitada.

Advirtió que menos del 1% de los casos denunciados por violencia sexual llegan a ser sancionados, resaltando: “Hay gente que avala pedófilos. Pero hay gente a la que no le importa que el presidente crea que una niña puede ser violentada sexualmente y no le va a pasar nada”.

Esta declaración tuvo como trasfondo el caso de Ángelo Alfaro, exministro de Energía y Minas, cuyo nombramiento y permanencia en el gobierno de José Maria Balcázar fue duramente cuestionado tras revelarse públicamente una denuncia penal por abuso sexual presentada por Jennifer Canani Panduro. Según Canani Panduro, el abuso ocurrió en el año 2000 en Pucallpa, cuando ella tenía 16 años y Alfaro, entonces gerente en Electro Ucayali, tenía 47. La denunciante afirmó: “Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor”. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años.

El propio presidente Balcázar, en diálogo con El Comercio, evitó rechazar la relación y defendió la permanencia de Alfaro, al señalar que “es un asunto familiar de muchos años pasados donde ha sido pareja” y que “si no hay sentencia tenemos que evaluarlo bien”. Estas expresiones generaron polémica, dado que Balcázar, en declaraciones previas, afirmó que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, ubicando al mandatario en el centro de una controversia ética por relativizar la gravedad del abuso de menores.

En respuesta a la exposición pública del caso, Alfaro sostuvo en un comunicado por redes sociales mantener una “sana convivencia durante cinco años” con su denunciante y atribuyó la difusión a “intereses económicos no expresados públicamente por mi expareja”. El caso mantiene relevancia porque la denunciante sostuvo que tras haber quedado embarazada a raíz del abuso, la policía en Coronel Portillo de Pucallpa no quiso recibir la denuncia.

Critica a candidata de Renovación Popular por exposición de niñas víctimas

En otro momento de su intervención, Marisol Pérez Tello afirmó: “En mi gobierno, las niñas y niños van a ser la prioridad. Vamos a perseguir con todas nuestras fuerzas el crimen organizado en su forma más perversa: la trata de personas. Y eso necesita policías, fiscalías preparados para proteger a la víctima, para atender a la víctima, para cuidar a la víctima y no para obligarla, como cierta pastora, a dar a luz humillándola para conseguir votos”. Mientras pronunciaba esa declaración, la candidata dirigió su mirada a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y al partido de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.

El antecedente inmediato de esta referencia es la denuncia penal contra Jáuregui de Aguayo por la gestión del centro de acogida La Casa del Padre. Gahela Contreras, activista, presentó una denuncia ante el Ministerio Público acusando a la congresista de presunta comisión de lesiones graves por afectación psicológica de menores víctimas de abuso sexual, bajo la modalidad de omisión. Se imputa a Jáuregui de Aguayo haber bloqueado el acceso al aborto terapéutico legal, priorizando en su lugar la continuación del embarazo y la maternidad como única alternativa, incluso en niñas de entre 10 y 13 años derivadas a su refugio por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

De acuerdo con la denuncia, la legisladora desempeñó un “rol activo y sostenido en la recepción y acompañamiento de estas menores”, lo que la coloca en la posición de garante legal de su bienestar físico y mental. El documento indica que se trató de una práctica institucional sistemática, no de un caso aislado. El daño psicológico derivado de la imposición de la maternidad se añadió a la vulnerabilidad de las menores. Milagros Jáuregui de Aguayo llegó a declarar públicamente: “Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepiente (...) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”.

A raíz de estos hechos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino el centro para revisar los protocolos de protección, y Renovación Popular se distanció de las afirmaciones de su candidata. Se ha solicitado una investigación preliminar y protección para las presuntas víctimas, así como una inspección técnica del local y evaluaciones periciales psicológicas a las menores actualmente alojadas. La denuncia también abarca la responsabilidad potencial de todo el personal que hubiera participado en la supuesta omisión de auxilio médico, mientras se reportó el cierre de la página de Facebook del refugio, en la que se exponía la identidad de las niñas.