La actividad de los emolienteros, presente en calles y plazas de distintas ciudades del Perú, entra en una nueva etapa tras la promulgación de una ley que redefine su rol dentro de la economía popular. El reconocimiento formal de este oficio busca ordenar una práctica extendida por décadas y que, en muchos casos, se desarrolla en condiciones de incertidumbre frente a regulaciones municipales.
El Congreso de la República tomó una decisión que apunta a dar respaldo legal a miles de trabajadores que encuentran en la venta de bebidas tradicionales una fuente de ingreso diario. La medida no solo aborda aspectos económicos, también plantea una mirada sobre la alimentación y las prácticas de consumo en el espacio público.
La norma llega luego de un proceso legislativo que incluyó observaciones del Poder Ejecutivo y un posterior debate en el Pleno. Finalmente, el Parlamento optó por ratificar su postura con una votación amplia, lo que marcó el rumbo de esta disposición.
Reconocimiento legal y cambios en la norma
El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, promulgó la ley que reconoce a los emolienteros como microempresarios generadores de autoempleo productivo. La norma también los identifica como promotores de una alimentación saludable, lo que incorpora un componente adicional al enfoque económico.
El dispositivo modifica la Ley 30198, que ya contemplaba la preparación y venta ambulatoria de bebidas a base de plantas medicinales. Con los cambios introducidos, se refuerza la condición de estos trabajadores dentro del esquema de microempresas, con el objetivo de consolidar su actividad en el marco legal vigente.
La aprobación se produjo por insistencia el 13 de marzo, luego de que el Poder Ejecutivo observara la autógrafa el 27 de junio de 2025. En la votación, el Pleno registró 86 votos a favor, sin votos en contra y dos abstenciones, lo que evidenció un respaldo amplio entre las bancadas.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, Raúl Huamán, defendió la iniciativa frente a las observaciones del Ejecutivo. Según señaló, “el Congreso actúa bajo su potestad constitucional de promover la pequeña empresa y la formalización de actividades lícitas y tradicionales“.
El origen de la propuesta se remonta a años anteriores. Según indicó Rospigliosi, el proyecto fue impulsado por el entonces congresista Hernando Guerra García, y logró avanzar tras varios intentos en el Parlamento.
El titular del Legislativo destacó el impacto práctico de la norma en el trabajo diario de los emolienteros. “Se evita que algunos municipios los persigan y les impidan desarrollar su labor; es decir, vender el emoliente como siempre han hecho y, a la vez, vender algunas otras cosas como sándwiches, por ejemplo, que son parte integrante de su negocio”, afirmó.
Alcance frente a regulaciones municipales
Uno de los puntos centrales de la ley radica en su relación con las ordenanzas municipales. En distintos distritos, los vendedores ambulantes enfrentan restricciones o sanciones que limitan su actividad. La norma busca establecer un marco que reduzca estas tensiones y otorgue mayor estabilidad.
El reconocimiento como microempresarios permite que los emolienteros cuenten con una base legal para operar, lo que podría influir en la forma en que las autoridades locales regulan el comercio ambulatorio. El enfoque apunta a evitar intervenciones que impidan el desarrollo de esta actividad tradicional.
Al mismo tiempo, la ley abre la posibilidad de fortalecer procesos de formalización. Esto incluye el acceso a beneficios vinculados a la pequeña empresa, aunque su aplicación dependerá de la implementación por parte de las entidades competentes.
Impacto en la economía popular
La ley sitúa a los emolienteros dentro de un sector clave de la economía urbana: el autoempleo. Miles de personas dependen de esta actividad como fuente principal de ingresos, lo que convierte su regulación en un tema de alcance social.
El reconocimiento como microempresarios no solo legitima su labor, también visibiliza su aporte al dinamismo económico en las ciudades. La venta de emoliente y productos complementarios genera movimiento comercial en espacios públicos y forma parte del día a día de numerosos distritos.
La decisión del Congreso busca, en ese sentido, equilibrar la necesidad de orden en el espacio público con la protección de actividades tradicionales que sostienen a amplios sectores de la población.
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