
La noticia de que Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años residente en Barcelona (España), quien accedió este jueves 26 de marzo de 2026 a la eutanasia, ha colocado en el centro del debate internacional la discusión sobre el derecho a decidir el final de la vida. El caso, ampliamente cubierto por los medios españoles y europeos, trae nuevamente al presente en Perú la recordada batalla judicial y social de Ana Estrada, la primera persona en el país autorizada para acceder a este procedimiento.
La historia de Noelia Castillo es la de una lucha prolongada, marcada por el sufrimiento físico, la vulnerabilidad emocional y la resistencia familiar. Tras quedar parapléjica en 2022, consecuencia de lanzarse desde un quinto piso en un intento de suicidio, la joven solicitó formalmente la prestación de ayuda para morir.
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Su petición fue aprobada en 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que reconoció que padecía un sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante”, en línea con los requisitos de la Ley Orgánica 3/2021, que desde 2021 regula la eutanasia como un derecho sanitario en España. Sin embargo, la oposición de su padre, respaldado por la asociación Abogados Cristianos, derivó en una batalla judicial que se extendió por casi dos años, involucrando hasta cinco instancias judiciales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de los obstáculos, Noelia Castillo mantuvo su decisión. En una entrevista concedida horas antes de su muerte al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, expresó: “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”. Castillo, quien vivió bajo tutela institucional y atravesó episodios traumáticos, como agresiones sexuales y situaciones de desatención familiar, explicó: “Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia”, según declaró en la víspera del procedimiento.
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También enfatizó que la incomprensión familiar no alteró su voluntad: “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”. La prestación será realizada en un centro sociosanitario, bajo el protocolo del sistema de salud español, y con el respaldo de la autonomía y la ley.
Así fue su muerte asistida
Noelia Castillo recibió una inyección letal este jueves, como parte del procedimiento de eutanasia autorizado por el sistema de salud español. En las horas previas, permaneció internada en una residencia de ancianos de Barcelona, bajo estricta supervisión médica y con fuertes medidas de seguridad implementadas por el hospital para garantizar la privacidad y el cumplimiento del protocolo.
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Durante la jornada, solo un grupo muy reducido de personas pudo acompañarla, de acuerdo con lo autorizado por el equipo médico. Su madre estuvo presente hasta poco antes del procedimiento, mientras que otros familiares y amigos, incluyendo su mejor amiga, no pudieron ingresar debido a las restricciones impuestas por la institución. Afuera, la tensión y la emoción marcaron el clima entre quienes aguardaban noticias sobre el desenlace.
En sus últimos momentos, Noelia Castillo repasó recuerdos de su infancia y agradeció a quienes la acompañaron. Tras confirmar su voluntad ante el equipo médico, recibió la inyección letal a las 18:00 horas (hora de España) de este jueves 26 de marzo de 2026, en un entorno controlado y bajo el marco legal español. Así, falleció conforme a su decisión y a la normativa vigente del país europeo.
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El caso de Noelia Castillo ha puesto nuevamente en agenda la pregunta sobre la autonomía personal y el derecho a decidir sobre el final de la vida, en un contexto donde España reconoce legalmente esta opción desde hace casi cinco años. La legislación española exige que el paciente solicite la eutanasia de manera “personal, informada, libre y consciente”, y que la decisión sea avalada por comités médicos y jurídicos independientes.
El caso de Ana Estrada

La resonancia internacional del caso de Noelia Castillo ha traído de vuelta al escenario peruano el recuerdo de Ana Estrada Ugarte, psicóloga y activista que, tras una batalla judicial de varios años, se convirtió en 2024 en la primera persona en Perú en acceder a la eutanasia. Diagnosticada a los 12 años con polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable, Ana Estrada libró desde 2019 una lucha legal apoyada por la Defensoría del Pueblo, que culminó con una sentencia histórica: se reconoció su derecho a decidir sobre su muerte digna, aunque a través de un fallo judicial específico y no mediante una ley general.
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Para Estrada, el sentido de su lucha era claro: “Nunca me sentí tan dueña de mi vida y mi cuerpo como hoy”, declaró al recibir la confirmación de que su voluntad sería respetada por el Estado peruano. En su blog y en entrevistas, insistía: “La legalización de la eutanasia (en mi caso) no es sinónimo de poner fin a mi vida, sino más bien de tener la seguridad (y la calma por adelantado) de que no sufriré a tal punto que no pueda ni decidir por mí misma”.
Ana Estrada falleció el 21 de abril de 2024, luego de ejecutar el procedimiento de eutanasia bajo un protocolo validado por el Seguro Social de Salud (EsSalud), en condiciones de total autonomía y con el acompañamiento de sus seres queridos.
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En Perú, la eutanasia sigue siendo ilegal y la experiencia de Ana Estrada no ha derivado en una legislación general, sino que permanece como un precedente judicial individual. El Código Penal peruano sanciona el “homicidio piadoso” con penas de hasta tres años de prisión, y el acceso a la eutanasia depende de largos procesos judiciales particulares. Pese a ello, su caso abrió un debate social y jurídico que permanece vigente y que se reactiva con cada noticia internacional sobre la materia.
Hoy, frente a la decisión de Noelia Castillo en España, el caso de Ana Estrada vuelve a situar en la agenda pública peruana la discusión sobre los alcances de la autonomía personal y el marco legal para personas con enfermedades graves e incurables. Como expresó Estrada: “La razón de mi demanda es tener la libertad de poder elegir mi muerte”. Las historias de ambas mujeres, sus testimonios y sus elecciones, continúan alimentando el debate social en torno a los límites, derechos y consideraciones éticas en el final de la vida.
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