El avance del crimen organizado contra las empresas de transporte público de la capital, que en los últimos meses registran un aumento notorio de extorsiones y ataques de presuntos sicarios contra choferes —incluso cuando conducen vehículos llenos de pasajeros— ha provocado una migración significativa de conductores al extranjero, principalmente a España.
La televisora Latina informó que la empresa VIPUSA, cuyos buses cubren rutas desde Ancón hasta Villa El Salvador, enfrenta un impacto considerable. El 30 % de sus conductores renunció o decidió cambiar de actividad en los últimos meses.
El patio de maniobras, que antes alojaba cerca de 400 unidades, actualmente no supera el medio centenar y la compañía suspendió sus operaciones tras recibir nuevas amenazas. La falta de presencia policial intensifica la sensación de desprotección entre los empleados.
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La demanda de choferes en España representa un incentivo adicional para quienes buscan emigrar. De acuerdo con la televisora, que recogió testimonios de trabajadores, cada mes llegan a ese país cerca de 20 conductores peruanos en busca de oportunidades, tanto en transporte público como en el sector de carga pesada. Varios optan por llevar a sus familias, con el objetivo de encontrar mayor seguridad y estabilidad.
Hasta junio de 2024, más de 3,5 millones de peruanos residían en el extranjero, lo que equivale al 10,3% de la población nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). El 16,1% de los migrantes eligió España como país de destino, cifra solo superada por Estados Unidos.
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En noviembre del año pasado, el entonces presidente interino, José Jerí, promulgó una ley contra la criminalidad dirigida al transporte urbano y anunció medidas adicionales al estado de emergencia vigente en Lima y Callao para enfrentar la delincuencia organizada.
La norma contempla el congelamiento de cuentas utilizadas para extorsionar a transportistas y el monitoreo de empresas con movimientos financieros sospechosos o que reciben pagos irregulares. Además, la Policía Nacional (PNP) y la Fiscalía especializada intervendrán rutas y concesiones en situación de riesgo y se creará un registro nacional de empresas vulnerables a la extorsión.
Jerí afirmó que la ley “nunca es suficiente”, pero subrayó su “firme decisión y determinación” para cumplir los compromisos asumidos. El Gobierno aprobó la normativa un día antes del paro organizado por transportistas urbanos de Lima y Callao, quienes protestaron contra el crimen organizado tras la muerte de decenas de trabajadores en los últimos meses.
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La administración del gobernante José María Balcázar evalúa otorgar un bono a transportistas afectados por extorsión, mientras se han incorporado cerca de 400 agentes y el Escuadrón Los Halcones al patrullaje de calles y se ha dispuesto que al menos dos policías viajen en cada unidad, con el fin de brindar seguridad a conductores y pasajeros en zonas específicas.
El general Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Lima, afirmó que la estrategia tiene como objetivo frenar las extorsiones y asegurar la operación del servicio.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló antes de su salida que las extorsiones bajaron 40 % a nivel nacional entre enero y el 15 de marzo de 2026 frente al mismo lapso del año anterior, resultado que atribuyó al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.
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