El Congreso de la República ha aprobado por insistencia una reforma que modifica el sistema de pensiones para el personal militar y policial, lo que generará un fuerte impacto fiscal, según advirtió Comex Perú. El gremio privado señaló que la norma crea obligaciones de gasto permanentes para el Estado sin financiamiento claro ni evaluación técnica.
Actualmente, el Estado peruano destina cerca de S/4.900 millones al año en pensiones para policías y militares, lo que representa el 56% de todos los subsidios estatales, pese a que este grupo es solo el 14% de los beneficiarios.
Congreso aprueba por insistencia una reforma previsional polémica
Con la reforma, el Estado asume un costo fiscal total de S/14.851 millones, considerando solo a los afiliados actuales (99.566 personas). Este monto corresponde a la suma de todos los pagos futuros que deberá afrontar el Estado bajo la nueva normativa, expresados en valores actuales. Además, el gasto anual adicional podría llegar a S/ 3.875 millones, según las estimaciones oficiales.
Comex Perú advirtió que la aprobación de esta reforma contraviene el artículo 79 de la Constitución, ya que el Congreso no tiene la facultad de crear o incrementar gastos públicos sin propuesta del Ejecutivo. El gremio también cuestionó el retorno del “efecto espejo”, que iguala las pensiones de los retirados con los sueldos de los activos, una práctica que ya generó graves desequilibrios fiscales en el pasado.
Un compromiso fiscal que supera los S/14.800 millones
La organización pidió al Ejecutivo que interponga una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para proteger el presupuesto nacional y la sostenibilidad fiscal.
Comex Perú enfatizó en su comunicado que las reformas previsionales deben basarse en análisis técnico, transparencia y un financiamiento realista, y rechazó decisiones que comprometan recursos públicos a largo plazo sin medir su verdadero impacto.
El debate legislativo de la reforma se sustentó en proyectos de ley que buscaban nivelar los dos regímenes previsionales coexistentes dentro del sector militar y policial.
Los impulsores de la norma sostienen que el sistema planteado adopta un modelo de financiamiento mixto, en el que el personal activo aportará el 15% de su remuneración y el Estado contribuirá con el 10%. Sin embargo, el monto global que deberá cubrir el Estado no se reduce con este esquema y podría aumentar si se incorporan nuevos afiliados.
Cuestionamientos constitucionales y pedido de inconstitucionalidad
El impacto sobre las finanzas públicas es considerable, ya que el Estado deberá destinar una parte significativa del presupuesto a un grupo minoritario de beneficiarios, limitando el margen para atender otras necesidades urgentes.
Según Comex Perú, la situación actual ya evidencia un desequilibrio: el 14% de los pensionistas militares y policiales recibe más de la mitad de los recursos destinados a subsidios del sistema previsional.
El comunicado privado remarcó que decisiones de este tipo, aprobadas por insistencia y sin analizar el costo total ni sus efectos a largo plazo, no contribuyen a la sostenibilidad fiscal ni a la transparencia del gasto público.
De esta manera, el futuro de la norma dependerá ahora de las acciones que adopte el Ejecutivo y de una posible revisión en el Tribunal Constitucional, mientras persiste la incertidumbre sobre el verdadero alcance presupuestario de la medida y su impacto en la gestión de los recursos públicos.
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