Cuatro bandas criminales amenazan de muerte a choferes de la línea ‘La 41’ en el Callao: transportistas paralizan servicio

El avance de las extorsiones contra el transporte público en Lima vuelve a golpear a los conductores de una importante ruta que conecta el norte y el sur de la capital peruana. Esta vez, los trabajadores de la línea de buses ‘La 41’ decidieron paralizar sus operaciones tras denunciar que son víctimas de amenazas constantes por parte de organizaciones criminales que les exigen pagos para permitirles trabajar.

Desde el patio de maniobras de la empresa, los choferes explicaron que la situación se ha vuelto insostenible. Según relataron, actualmente enfrentan presiones de cuatro bandas criminales dedicadas a la extorsión, las cuales exigen pagos mensuales a cada conductor. Ante el riesgo de sufrir ataques o atentados contra sus unidades, los trabajadores optaron por suspender sus labores de forma indefinida hasta que se adopten medidas que garanticen su seguridad.

Los transportistas señalaron que esta modalidad de cobro de cupos se ha convertido en una práctica recurrente en el sector. En el caso de la línea 41, que cubre la ruta Ventanilla – Villa El Salvador, el dinero exigido por los delincuentes termina siendo asumido directamente por los choferes. De acuerdo con sus testimonios, cada conductor debe aportar entre S/100 y S/150 mensuales para evitar represalias, una cifra que representa un fuerte impacto en sus ingresos.

Transportistas de la línea 41 denuncian amenazas y paralizan operaciones por extorsiones

Durante un enlace con Exitosa Noticias, uno de los conductores explicó que los pagos no corresponden a una sola organización criminal. “Nosotros ya venimos pagando a tres bandas: una del norte, una del sur y otra del Callao. Pero ahora ha aparecido una cuarta banda que también quiere cobrar”, relató.

En total, la empresa cuenta con alrededor de 120 conductores, quienes aseguran que el dinero entregado a los extorsionadores alcanza montos elevados cuando se suman los aportes de todos los trabajadores. Además, indicaron que esta situación se suma a otros gastos del servicio, como el incremento del combustible y el mantenimiento de las unidades.

Los choferes de la línea 41 explicaron que la decisión de no salir a trabajar busca evitar que alguno de sus compañeros se convierta en víctima de un ataque. Según indicaron, los extorsionadores exigen que el dinero sea depositado de forma periódica y bajo amenazas directas contra los conductores y sus familias.

La situación no es nueva para esta empresa de transporte. Meses atrás se registró un ataque armado contra un bus de la línea, cuando desconocidos dispararon contra una unidad que transportaba pasajeros, en lo que fue interpretado como una advertencia dirigida a quienes se resisten a pagar los cupos.

Por qué la Policía no puede identificar rápidamente a los extorsionadores que amenazan por celular

En medio del aumento de extorsiones en Perú, una de las preguntas más frecuentes entre las víctimas es por qué, pese a tener el número telefónico desde el que reciben amenazas, la PNP no logra ubicar de inmediato a los responsables. Según especialistas del sector de telecomunicaciones, el principal obstáculo está relacionado con el secreto de las telecomunicaciones, una garantía constitucional que protege la información de los usuarios de telefonía móvil.

De acuerdo con representantes de empresas del sector, las operadoras sí cuentan con registros sobre quién compró y activó un chip, así como datos del punto de venta donde fue adquirido. Sin embargo, esa información no puede ser entregada libremente a las autoridades. Incluso cuando el Ministerio Público solicita los datos de una línea telefónica, las compañías están obligadas a exigir una orden judicial previa que autorice el acceso a esa información. Sin ese documento, la empresa que comparta los datos podría enfrentar denuncias por vulnerar la privacidad de sus clientes.

Además, aunque en el país existe desde 2015 una ley de geolocalización de celulares que permite utilizar datos de telecomunicaciones para ubicar equipos vinculados a delitos, su aplicación no es automática. La normativa solo puede activarse cuando existe una investigación formal en curso, lo que limita su uso inmediato frente a denuncias iniciales de amenazas. Este conjunto de restricciones legales explica por qué, en muchos casos, las llamadas o mensajes extorsivos no se pueden rastrear con rapidez, pese a que las víctimas entreguen el número telefónico desde el que fueron contactadas.