Gremios de transportistas anuncian marcha el 5 de marzo contra leyes pro crimen y ola de ataques al sector

El 5 de marzo, cerca de ocho mil transportistas participarán en una protesta pacífica en Lima y Callao para exigir al gobierno de José María Balcázar y al Congreso de la República una respuesta inmediata frente a la violencia que golpea al sector.

Los gremios reclaman la derogación de las llamadas leyes “pro crimen”, la reactivación del plan nacional de protección y denuncian un aumento de asesinatos y extorsiones que ha dejado múltiples víctimas en los últimos días.

En un contexto marcado por un aumento de ataques mortales, Walter Carrera, dirigente de Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani) detalló que la movilización responde a un punto crítico: “Nuestra concentración general va a ser en el Congreso (...), porque para nosotros el principal responsable es el Congreso. Y más aún porque se resisten a derogar estas leyes pro crimen”, afirmó durante la transmisión en Panamericana Televisión.

El gremio de transportistas sostiene que la inseguridad “ha cobrado más vidas” que en etapas anteriores, y que “la cifra de asesinatos, según Inadef, aumentó aún más durante el gobierno de Jerí”.

Tres transportistas asesinados en menos de 24 horas en Lima

En menos de un día, tres atentados dirigidos contra conductores sacudieron Lima. El caso más reciente ocurrió en Lurín, donde un chofer de la empresa San Bartolo fue asesinado mientras cubría la ruta entre Pucusana y San Miguel. Tras el crimen, los compañeros de la víctima suspendieron el servicio y denunciaron extorsiones: las bandas criminales les exigen hasta 50 mil soles como pago para poder operar. Esta modalidad, que conjuga amenazas, cobros ilegales y ejecuciones a plena luz, genera temor e indignación en los trabajadores y sus familias.

Horas más tarde, un conductor de Etssacocsa fue atacado en el distrito de Comas. El agresor, que fingió ser pasajero, disparó contra el chofer y dejó una carta con nuevas amenazas. El trabajador permanece hospitalizado con pronóstico reservado. La violencia también alcanzó a otro colectivero en Ventanilla, identificado como Cristopher López Pariona, quien fue baleado cuando esperaba pasajeros, a pocos metros de un colegio y una caseta de serenazgo. Todos los crímenes repiten el esquema de intimidaciones previas y exigencia de pagos.

Atribuyen el repunte de asesinatos a leyes de impunidad y critican la falta de resultados

Según Carrera, el gobierno de José Jerí prometió corredores seguros y declaró estados de emergencia, pero las cifras oficiales revelan un incremento de homicidios en el sector. “Le dimos el beneficio de la duda al gobierno del expresidente Jerí, que prometió corredores seguros y estados de emergencia, pero las cifras reflejan más asesinatos”, declaró en 24 Horas.

Añadió que, con la designación de Balcázar, los transportistas ven “poca esperanza”, pues perciben una continuidad de políticas negociadas entre partidos y la aprobación de normativas que, en su opinión, favorecen la impunidad de las organizaciones delictivas.

“Se da una repartija política, acuerdo político de los diversos partidos que están cogobernando, el pacto mafioso que sigue gobernando, que ha aprobado el Congreso unas leyes pro crimen, que generan impunidad. Para nosotros, el primer responsable es el Congreso”, subrayó Carrera.

Reclamos de los transportistas ante la inseguridad y la falta de acción estatal

El motivo central de la protesta es la exigencia de tres medidas principales. Primero, la derogación inmediata de las leyes que los gremios califican como “pro crimen” y que, según ellos, generan “impunidad hacia el crimen organizado”. Segundo, la reactivación concretada y publicación oficial del plan nacional de seguridad anunciado durante la administración anterior, pero que nunca fue implementado plenamente.

Y tercero, una coordinación real con otras organizaciones sociales y sectores económicos afectados, incluidas asociaciones de jóvenes y colectivos empresariales del transporte.

“Nuestra exigencia es la continuidad y ejecución concreta del plan Seguro para los conductores, el trabajo en prevención y en inteligencia operativa para intervenir antes y contrarrestar el crimen organizado”, afirmó Carrera en diálogo con Panamericana Televisión.

Insistió en que la movilización está abierta a conductores, cobradores, propietarios de vehículos, familiares de víctimas y representantes de todos los gremios, quienes mantendrán las medidas de movilización hasta obtener respuestas efectivas.

La protesta del 5 de marzo, confirmada como “pacífica”, parte de la decisión de concentrarse frente al Congreso de la República y visibilizar el reclamo de un sector golpeado por la violencia y la falta de acción política. Los dirigentes reiteraron el llamado a la unidad entre Asotrani Perú, Contra Perú, CUT, ANCP y otros colectivos del ámbito del transporte y la sociedad civil para “levantar la voz en defensa de la vida”.