Piden a la Fiscalía acelerar las investigaciones contra Dina Boluarte por muertes en protestas y el ‘Caso Rolex’

El congresista Segundo Montalvo solicitó al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, la reactivación inmediata de las investigaciones fiscales contra la expresidenta Dina Boluarte. El pedido abarca dos expedientes clave: las muertes de 49 personas durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y el presunto enriquecimiento ilícito de la ex mandataria.

Montalvo, integrante de la bancada de Perú Libre, envió un documento al despacho del fiscal de la Nación en el que exige un informe detallado sobre el estado procesal de ambos casos y que el Ministerio Público actúe con celeridad en cada uno de ellos.

Según el legislador, la Constitución peruana permite investigar posibles delitos cometidos durante el ejercicio del cargo y hasta cinco años después de dejarlo. Debido a ello, y a que la vacancia de Boluarte como presidenta se produjo en octubre de 2025, desde ese momento se habilitó la continuación de las acciones judiciales que estaban suspendidas.

Casos contra Boluarte podrían reactivarse

Uno de los expedientes corresponde a los hechos ocurridos durante protestas sociales contra la expresidente Boluarte en los primeros días de su gobierno y que dejaron 49 víctimas mortales, además de 250 heridos en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.

Por estos hechos, el Ministerio Público investiga a Dina Boluarte y a sus ex ministros por presuntamente haber cometido los delitos de homicidio calificado por comisión por omisión, lesiones graves y lesiones leves.

Estas investigaciones fueron paralizadas debido a una orden del Tribunal Constitucional que dispuso su suspensión mientras Boluarte ocupó la presidencia y que incluso detuvo las diligencias preliminares.

Tras la vacancia, Montalvo solicitó información sobre la posible reapertura de las diligencias y las acciones para determinar responsabilidades penales individuales. También pidió que se evalúe la aplicación de medidas cautelares o restrictivas contra la exgobernante.

El segundo caso, conocido como caso Rolex, Boluarte es investigada por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado, cohecho pasivo impropio y omisión de consignar declaraciones en documentos, en perjuicio del Estado peruano. Según la solicitud, la investigación preliminar concluyó el 17 de enero de 2025 y arrojó hallazgos como la adquisición de joyas por aproximadamente USD 162.250, movimientos sospechosos en cuentas bancarias por S/ 58.699,97 y depósitos de origen desconocido por S/ 4.082,70.

Este expediente incluye la recepción de tres relojes Rolex de lujo ofrecidos por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Según el parlamentario de Perú Libre, la investigación avanza lentamente, por lo que demanda que se prioricen las actuaciones procesales para garantizar la eficacia de la justicia y prevenir riesgos de fuga o de obstaculización probatoria.

El congresista ha requerido saber si, tras la conclusión de la investigación preliminar y la salida de Boluarte del cargo, se han presentado denuncias constitucionales o solicitado medidas restrictivas, como el impedimento de salida del país, para asegurar su disponibilidad ante la justicia.