Prisión e inhabilitación para Walter Ayala: Los pedidos de la Fiscalía contra el exministro de Pedro Castillo por presuntos ascensos irregulares

La Fiscalía presentó una acusación formal contra Walter Ayala, exministro de Defensa, por el presunto delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado, en el contexto de un escándalo de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

La fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, responsable de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al Poder Judicial una pena de un año y cuatro meses de prisión efectiva para Ayala, así como su inhabilitación por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público.

El requerimiento fiscal, presentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, incluyó una solicitud de sobreseimiento respecto al delito de coacción, por el que también había sido investigado. El juzgado dispuso que las partes procesales sean notificadas y tengan un plazo de diez días para responder, antes de programar el inicio del control judicial del caso y su eventual pase a juicio oral.

Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2021, cuando el entonces comandante general del Ejército peruano, José Vizcarra Álvarez, denunció que el presidente Castillo, su secretario general Bruno Pacheco y el ministro Ayala ejercían presiones para que oficiales recomendados ascendieran sin cumplir los requisitos técnicos ni académicos. Vizcarra relató que las presiones se concretaron entre el 11 y el 13 de octubre: “El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario estaba incómodo”.

Según Vizcarra, se negó a beneficiar a los recomendados y explicó su posición tanto a Pacheco como al presidente, quien en una reunión le expresó respaldo. Sin embargo, días después fue pasado al retiro. De acuerdo con el exjefe militar, los oficiales recomendados eran los coroneles Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, ambos originarios de Tacabamba, el distrito natal de Pedro Castillo. Afirmó que tanto el ministro de Defensa como el secretario general de Palacio insistieron en sus ascensos y que estos coroneles visitaron a Pacheco en Palacio de Gobierno.

La denuncia provocó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, la cual fue respaldada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, que solicitó iniciar un proceso preliminar por presunto tráfico de influencias contra Pacheco y otros funcionarios. Paralelamente, el escándalo desencadenó un megaoperativo en el que se allanaron veintisiete inmuebles, incluidos domicilios de Ayala y de generales de la Policía Nacional, y se ordenó la detención de seis altos oficiales acusados de pagar 40 mil dólares para obtener ascensos irregulares. Cuatro de estos oficiales fueron capturados, mientras que dos permanecen en calidad de no habidos.

Según la investigación fiscal, el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo, habría recibido pagos por 40 mil dólares de parte de los oficiales Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Rivera López, quienes posteriormente asumieron jefaturas en distintas regiones del país, obteniendo beneficios económicos y administrativos. Estos hechos motivaron tensiones con el entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, quien impulsó la salida de Gallardo por considerar dudosa su integridad, sin éxito.

En medio del escándalo, Ayala presentó su renuncia irrevocable como ministro de Defensa el 14 de noviembre de 2021, asumiendo la responsabilidad política del proceso de ascensos: “He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente al Ministerio de Defensa, gracias presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, escribió en sus redes sociales.

Posteriormente, calificó las acusaciones como “puro humo” y aseguró tener la “conciencia limpia”, negando la existencia de pruebas que lo incriminen: “Han pasado más de seis meses y no hay nada. No hay ni un chat donde diga que asciendan a alguien. Tuve que renunciar al ministerio porque asumí la responsabilidad política, pero nunca ha existido responsabilidad administrativa ni penal, por eso es que tengo la conciencia limpia. Prueba de ello no hay audio ni chats”, declaró a medios locales en junio de 2022.

Mientras tanto, en su calidad de abogado del expresidente Castillo, Ayala asistió recientemente a Palacio de Gobierno para solicitar formalmente al jefe del Estado, José María Balcázar, un indulto presidencial para su patrocinado, quien cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para rebelión, derivado del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.