El escándalo del ‘Chifagate’ que marcó el camino a la censura de José Jerí de la presidencia de Perú

La crisis política en Perú volvió a escalar en cuestión de semanas. Lo que comenzó como la difusión de unos videos grabados en la noche del 26 de diciembre terminó por convertirse en el detonante de una tormenta institucional que dejó fuera del poder a José Jerí, apenas cuatro meses después de haber asumido la Presidencia tras la salida de Dina Boluarte. El caso fue bautizado rápidamente como “Chifagate”, en alusión al restaurante de comida china donde se produjo el primero de los encuentros que desataron sospechas.

Las imágenes —que mostraban al entonces mandatario ingresando encapuchado a un chifa en San Borja para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang— activaron investigaciones fiscales, mociones parlamentarias y un desgaste acelerado en su ya frágil respaldo político. A ello se sumaron denuncias previas, cuestionamientos por contrataciones en el Estado y una caída abrupta en su popularidad. En menos de 120 días, la gestión que prometía ir “A toda máquina” terminó atrapada por el escándalo.

El origen del ‘Chifagate’: reuniones no registradas y vínculos bajo sospecha

El 26 de diciembre de 2025, José Jerí fue captado por cámaras de seguridad ingresando con capucha y escolta presidencial a un restaurante de comida china propiedad de Zhihua Yang. Días después, el 6 de enero, volvió a reunirse con el mismo empresario en el Market Capón, en el Barrio Chino de Lima. Ninguna de estas citas figuró en la agenda oficial ni en los registros de transparencia del despacho presidencial.

Ante la difusión de los videos, el entonces jefe de Estado reconoció el encuentro y ofreció disculpas públicas por la forma en que ingresó al local. “Admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, declaró. Sin embargo, negó que existiera algún acto ilícito y sostuvo que se trató de reuniones “circunstanciales”.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. En paralelo, el Congreso citó al mandatario para que explicara la naturaleza de los encuentros y si estos guardaban relación con contratos estatales. Una de las principales interrogantes giró en torno a la modificación de bases de un proceso de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para adquirir 8.000 cámaras de videovigilancia por S/ 112 millones, realizada poco después de la reunión en el chifa.

El nombre de Zhihua Yang tampoco era ajeno a investigaciones previas. En 2022, una comisión parlamentaria que indagó presuntas irregularidades en contratos de empresas chinas con el Estado peruano mencionó a compañías vinculadas al empresario como parte de un entramado conocido como el “Club del Dragón”. Además, registros oficiales confirmaron ingresos de Yang a Palacio de Gobierno en varias oportunidades entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Denuncias previas, caída en encuestas y presión parlamentaria

El Chifagate no fue el único frente abierto. Antes de asumir la Presidencia, Jerí ya enfrentaba cuestionamientos por una denuncia de violación sexual presentada en diciembre de 2024. Aunque el caso fue archivado por falta de pruebas concluyentes, el impacto reputacional persistió en el debate público.

En octubre de 2025, la Fiscalía inició otra indagación por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias tras la filtración de un chat que mencionaba un pago de USD 200 mil a cambio de aprobar una ley en el Congreso. Las pesquisas incluyeron la compra de un penthouse valorizado en S/ 795.000 y otros bienes inmuebles que superaban los ingresos declarados previamente.

A estas investigaciones se sumaron reportajes sobre presuntas contrataciones irregulares de mujeres que visitaron el despacho presidencial en horarios nocturnos y luego obtuvieron cargos en entidades públicas bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), con sueldos que alcanzaban los USD 3.000 mensuales. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría iniciaron diligencias para determinar responsabilidades.

El deterioro político se reflejó rápidamente en las encuestas. Según Ipsos, la aprobación presidencial pasó de 58% al inicio de la gestión a 30% en febrero. Sondeos de Imasen le atribuían apenas 24% de respaldo ciudadano. La desaprobación aumentó más de veinte puntos en un solo mes, en medio de un contexto marcado por un promedio de 5,55 homicidios diarios en 2025, la cifra más alta desde 2017.

La presión parlamentaria escaló. Bancadas como Alianza para el Progreso y Podemos Perú reunieron más de 78 firmas para convocar un Pleno Extraordinario que debatiera su salida. En paralelo, su propio partido, Somos Perú, suspendió preventivamente su militancia y abrió un proceso disciplinario interno.

El 17 de febrero, el Congreso aprobó la moción de censura que puso fin a su breve paso por el Ejecutivo. La decisión se adoptó a menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, aunque especialistas como el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, precisaron que el calendario electoral no sufriría alteraciones, dado que la organización depende de organismos autónomos como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC.

El escándalo del Chifagate, las investigaciones fiscales y la presión legislativa configuraron así el escenario que debilitó la gobernabilidad de José Jerí y marcaron el camino hacia su destitución, en un nuevo capítulo de inestabilidad institucional que vuelve a sacudir al país en plena antesala electoral.