
El gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32424, Ley que establece la homologación del incentivo único CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en los gobiernos regionales.
Esta Ley equipara los montos que reciben los trabajadores públicos de este régimen a nivel nacional. Es decir, que si un trabajador en el nivel de auxiliar en un gobierno regional obtenía un monto menor que otro auxiliar en otra entidad, ambos debían el monto mayor de entre los dos. Y así se aplicaría para los rangos de técnicos, profesionales y otros.
Ahora, no solo el Ministerio de Economía y Finanzas ha demorado en reglamentar esta Ley, sino que ahora con el cambio de gobierno, el actual MEF considera que esta medida es inviable.

La posición del MEF
“En sus términos actuales, no resulta viable la reglamentación de la Ley N° 32424, toda vez que no es fiscalmente sostenible", apunta José Gutiérrez Santafé, director de Gestión de Personal Activo del MEF en un informe en respuesta al congresista Alfredo Pariona Sinche
Como se sabe, algunas entidades a nivel nacional estaba viabilizando la Ley sin contar con el reglamento, dado que este está fuera de plazo y debía presentarse el año pasado. Pero ahora el MEF informa que no publicará este reglamento tal cual aplicado a la Ley que se promulgó.
“El MEF viene elaborando una propuesta normativa para la implementación del Incentivo Único - CAFAE con un criterio más adecuado en concordancia con la responsabilidad fiscal”, informó en el documento.

Se tratará de “una propuesta normativa orientada a permitir la implementación progresiva del Incentivo Único - CAFAE”. Sin embargo, tampoco se señala una fecha en que esta se reglamentaría finalmente. El gobierno tendría hasta el cambio de mando, en 28 de julio, para hacerlo.
¿Por qué el MEF no lo considera viable?
“La referida propuesta plantea que, para efectos de la homologación dispuesta mediante la Ley N° 32424, el monto de referencia para cada nivel remunerativo no considere datos atípicos, como los obtenidos mediante mandato judicial, sino que se obtenga a partir del monto que la mayoría de los servidores perciba por dicho concepto en cada nivel remunerativo“, señala el informe.
De implementar la mediad despuesta en la Ley N° 32424, el costo estimado anual asciende a S/4.949 millones, esto representa un costo diferencial anual de S/2.621 millones, cifra 112% superior al costo actual de la planilla del régimen del Decreto Legislativo N° 276, que actualmente equivale a S/2.328 millones.

Esto es un impacto que este gobierno, el de José Jerí, considera inviable. Como se recuerda, este se ha comprometido en buscar crecimiento sostenible con enfoque social y también cuidar lo fiscal, las arcas del Estado.
“La propuesta que se viene elaborando desde el MEF también busca permitir la implementación progresiva de la norma, considerando el financiamiento con cargo al presupuesto de las entidades y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, aclara el MEF. Mientras, los trabajadores seguirán esperando.
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