El reciente asesinato de un conductor dentro de un bus de la empresa El Pesquero en Santa Anita expuso una realidad que la propia Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta con limitaciones: la falta de agentes para cubrir la seguridad en todas las rutas y líneas de transporte en Lima y Callao.
En declaraciones recogidas por Exitosa, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general PNP Manuel Lozada, admitió que no cuentan con suficientes efectivos para atender la magnitud del problema, tras el crimen que conmocionó a la comunidad y desató reclamos de justicia y mayores garantías para quienes trabajan en el sector transporte.
El ataque ocurrió mientras el bus se trasladaba hacia la comisaría correspondiente. Un grupo de delincuentes disparó en varias ocasiones contra el chofer, quien perdió la vida en el acto. El hecho se produjo pocos días después de que representantes de los transportistas se reunieran con autoridades policiales para solicitar medidas de protección ante las constantes extorsiones, un pedido que no llegó a concretarse pese a las promesas iniciales.
“La verdad es que no tenemos policías para tantísimo recorrido y tantísimas líneas”, reconoció el general Manuel Lozada al responder sobre el operativo de resguardo en el sector transporte.
El oficial asumió parte de la responsabilidad, añadiendo que desearían contar con todas las herramientas necesarias para cubrir el territorio pero la realidad, afirmó, es que el espacio es demasiado grande.
El mea culpa
El jefe policial también subrayó la importancia de la tecnología para esclarecer los hechos, señalando que el vehículo atacado contaba con cámaras en ambas direcciones.
“Nos va a ayudar, eso también nos va a ayudar, porque tiene cámara para adelante, cámara para atrás. Entonces, esperemos poder tener la evidencia y capturar lo más pronto estos delincuentes”, afirmó Lozada en declaraciones recogidas por el medio.
Exigencia de justicia
El crimen movilizó a vecinos de Santa Anita y zonas aledañas, quienes manifestaron su preocupación por la inseguridad y la falta de recursos para la vigilancia urbana.
Una residente del distrito expresó a Exitosa su pedido de justicia y describió el temor constante en la comunidad: “No podemos ni siquiera salir a la calle porque ya cualquier cosa, ya la gente no puede tener ni un negocio porque ya piensan que tienen plata, ya. No es justo tampoco”.
La misma vecina denunció la escasez de cámaras de videovigilancia en el distrito y la ineficacia de las pocas que existen. “Acá no hay muchas cámaras. No sé qué pasará con los alcaldes. Yo soy del... de Achete el Agustino, parte del Agustino soy yo. Tampoco los alcaldes, tampoco no ponen cámaras. Y si ponen cámaras, no, no las hacen funcionar”, relató ante los micrófonos de Exitosa.
Otra habitante reclamó el apoyo de las autoridades nacionales. “Que haya más, este, seguridad acá, porque en realidad, mira, ¿cómo puede pasar? Es una persona joven, de cuarenta años. O sea, por favor, presidente, apoya nuestro distrito”, solicitó, refiriéndose al presidente José Jerí.
Reuniones previas y promesas incumplidas
La cobertura de Exitosa destaca que, menos de un mes antes del asesinato, transportistas se habían reunido con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIRINCRIP), general Víctor Revoredo, para solicitar garantías. Aunque se prometió la implementación de medidas de seguridad, los afectados aseguran que estas no se materializaron, quedando expuestos a hechos de violencia como el ocurrido.
En el reporte,se detalló que el servicio de patrullaje fue cubierto en algunos tramos, pero la magnitud de la demanda sobrepasó la capacidad operativa de la policía.
El impacto en Santa Anita y la respuesta institucional
La muerte del conductor evidenció la vulnerabilidad de trabajadores y usuarios del transporte público en Santa Anita y distritos cercanos. La reacción de la Policía Nacional del Perú puso en primer plano las carencias estructurales y la urgencia de fortalecer los sistemas de vigilancia, tanto a nivel humano como tecnológico. La cobertura de Exitosa remarcó la expectativa de la comunidad por una pronta identificación y captura de los responsables, apoyada en las grabaciones de las cámaras instaladas en el bus.
En medio del dolor y la indignación, la demanda de justicia y seguridad persiste entre transportistas y vecinos, quienes exigen respuestas concretas a las autoridades locales y nacionales.
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