Desde el salvoconducto hasta multas a ministros: las medidas que el PJ analiza en favor de Betssy Chávez

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de hábeas corpus a favor de Betssy Chávez, asilada desde noviembre del año pasado. La demanda, presentada por Rubén Serpa Valdez a favor de la Embajada de México, no solo busca facilitar la salida de la ex funcionaria del país, sino que propone un cerco legal sin precedentes.

El recurso se centra en las declaraciones públicas del presidente José Jerí, quien manifestó la posibilidad de un ingreso forzado a la sede diplomática mexicana para ejecutar un mandato de prisión preventiva contra la expremier condenada a 11 años de cárcel por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según el demandante, tales afirmaciones constituyen una amenaza real, cierta y grave de vulneración tanto de la libertad personal de la exfuncionaria como de la inviolabilidad de la embajada, en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

En el petitorio, el demandante solicita que se disponga la entrega inmediata de un salvoconducto, mecanismo previsto por el derecho internacional para que un asilado pueda abandonar el país hacia territorio seguro, pero no es lo único. También exige la abstención de cualquier acto de hostigamiento, la imposición de multas coercitivas, entre otras solicitudes.

¿Qué medidas, además del salvoconducta, busca el hábeas corpus a favor de Betssy Chávez?

El documento judicial revela que el pedido de salvoconducto para permitir a Betssy Chávez abandonar el Perú es solo una de varias medidas de protección solicitadas. El demandante busca neutralizar cualquier operativo de captura dentro de la embajada mexicana, argumentando que la sede está amparada por la inviolabilidad diplomática establecida en tratados internacionales como la Convención de Viena. Este es un resumen de las exigencias bajo evaluación judicial:

• Veto a la fuerza pública: Se solicitó una prohibición expresa para que la Policía Nacional y el Ministerio Público ingresen, requisen, allanen o ejecuten cualquier acto de captura o intervención dentro de la embajada mexicana. El objetivo es dejar sin efecto cualquier mandato judicial que implique el uso de la fuerza en territorio diplomático.
• Freno directo al Presidente: Ante las declaraciones del presidente José Jeri sobre la posibilidad de un ingreso forzado, el recurso exige que el mandatario y cualquier autoridad política o judicial se abstengan de ejecutar órdenes de captura dentro de la sede diplomática, fortaleciendo el principio de no intervención.
• Multas y denuncias penales: La demanda plantea un mecanismo de apercibimiento, mediante el cual cualquier funcionario que desobedezca las medidas judiciales, incluidos ministros de Estado, puede ser sancionado con multas coercitivas o incluso denunciado penalmente por desacato o violación de inmunidad diplomática.
• Cese de vigilancia externa: Se incluyó un pedido para que se retiren todos los actos de hostigamiento, vigilancia o presencia intimidante de las autoridades peruanas en los alrededores de la embajada mexicana, con el fin de evitar presiones indebidas sobre la sede o sus ocupantes.
• Comunicación y supervisión inmediata: El documento exige que toda resolución se comunique de inmediato a las máximas autoridades del Ejecutivo y se establezca una supervisión rigurosa para verificar su cumplimiento efectivo.

El proceso de hábeas corpus, de naturaleza informal y sumaria según el Nuevo Código Procesal Constitucional, fue admitido por la jueza Rabines Briceño tras constatar que, de acuerdo con la legislación peruana y los tratados internacionales vigentes, ningún órgano del Estado puede ejecutar órdenes judiciales dentro de una embajada extranjera ni vulnerar la inmunidad diplomática. El juzgado corrió traslado de la demanda a la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior y al Poder Judicial, quienes deberán responder en un plazo de tres días bajo apercibimiento de que el tribunal resuelva con los elementos existentes en el expediente.

La resolución definitiva tendrá impacto no solo en la situación personal de Betssy Chávez, sino también en las relaciones bilaterales con México y en la interpretación de los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de asilo, refugio y protección diplomática.