El Ministerio del Interior confirmó la inclusión de los sentenciados del Caso Saweto en la lista de “Los más buscados”, una decisión largamente exigida por las familias de las víctimas y organizaciones indígenas. Sin embargo, hasta el momento los nombres de los responsables aún no aparecen publicados en la página web oficial del Programa de Recompensas, un detalle que mantiene la atención puesta en la implementación efectiva de la medida.
El jueves 5 de enero, el Ministerio del Interior informó que accedió al pedido para incluir a José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar Atachi y Segundo Atachi —sentenciados por el asesinato de los líderes ashéninkas de Saweto— en la lista de “Los más buscados”.
La decisión fue formalizada mediante el Informe N.° 000002-2026-COMOPPOL-DIRNIC-SEC-OFIREC/PNP, en el que se califica el caso como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, considerado de alta lesividad, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 1180, que regula el Programa de Recompensas.
No obstante, al cierre de esta nota, los sentenciados aún no figuran en la página web oficial del Ministerio del Interior, donde se difunde la lista pública de las personas más buscadas a nivel nacional.
Un avance esperado tras más de once años
La medida representa un avance clave en el Caso Saweto, uno de los episodios más emblemáticos de violencia contra defensores indígenas y ambientales en el país. A más de once años del asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, los responsables continúan en la clandestinidad, pese a existir una sentencia firme.
Durante años, los deudos, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos han advertido que la falta de ejecución de la condena consolidó un escenario de impunidad y desprotección para los pueblos indígenas frente a actividades ilegales, como la tala ilegal en la Amazonía.
AIDESEP pide acciones concretas
Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), su vicepresidente Miguel Guimaraes saludó la decisión del Ejecutivo, aunque remarcó que la justicia solo se materializa con resultados concretos.
“Esta medida devuelve un mínimo de esperanza a las familias y a los pueblos indígenas. Durante años hemos exigido que las sentencias no queden en el papel. La inclusión en la lista de los más buscados es un paso necesario para que haya justicia real y se pueda dar con el paradero de los responsables”, señaló.
La ejecución de la sentencia sigue pendiente
El equipo legal que acompaña el caso destacó que la incorporación al Programa de Recompensas es clave para que la condena se ejecute de manera efectiva. Rocío Trujillo, asesora legal del Caso Saweto, subrayó que la ausencia de los sentenciados en la plataforma pública evidencia la necesidad de una implementación diligente.
“No se puede hablar de Estado Constitucional de Derecho cuando hay sentencias firmes que no se cumplen. La inclusión de los sentenciados en el Programa Nacional de Recompensas es fundamental para avanzar hacia su captura y cerrar un ciclo de impunidad que ha sido inaceptable”, indicó.
Un símbolo de la violencia contra defensores indígenas
El Caso Saweto es considerado uno de los símbolos más graves de la violencia contra defensores indígenas y ambientales en el Perú, y refleja la vulnerabilidad de las comunidades que protegen sus territorios frente a economías ilegales.
En enero de este año, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos otorgó un reconocimiento a las viudas y a la hija de los líderes ashéninkas, en homenaje a los 11 años de resistencia y lucha por justicia. Durante ese acto, Ergilia Rengifo, viuda de uno de los líderes asesinados, reiteró el pedido de que el Estado garantice justicia y respete los derechos de las familias y la comunidad.
Asimismo, las organizaciones indígenas recalcaron que, aunque la decisión del Ministerio del Interior constituye un avance, la justicia solo se concretará cuando los responsables sean capturados. Asimismo, insistieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras, la Policía Nacional del Perú y la comisaría de Putaya, para garantizar la seguridad de las mujeres afectadas, la familia y la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto.
“Esperamos que esta decisión se traduzca en acciones inmediatas y resultados concretos. La deuda del Estado con Saweto no se salda hasta que los responsables estén tras las rejas”, remarcó Trujillo.
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