Las recientes declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo quien reveló en un pódcast que gestiona un albergue donde niñas de entre 10 y 13 años víctimas de violación son llevadas para dar a luz, ha provocado una contundente respuesta de la sociedad civil. La articulación feminista Las Lilas emitió un pronunciamiento oficial denunciando que los comentarios de la legisladora ponen en “grave riesgo” a las menores bajo su cuidado y constituyen una violación sistemática a sus derechos humanos.
Para las organizaciones firmantes Amnistía Internacional, Flora Tristán, Demus, Manuela Ramos, PromSex y la CNDDHH, la afirmación de Jáuregui de que la “única víctima” en un caso de violación con embarazo es el feto, es una postura que niega la dignidad de la niña y desconoce su calidad de víctima. Según el colectivo, este discurso no solo es revictimizante, sino que agrava el sentimiento de culpa y desprotección en menores que ya han sufrido una violencia extrema, ignorando además los riesgos físicos y mentales que implica un embarazo infantil.
La propuesta de Jáuregui desconoce a las verdaderas víctimas: las niñas, quienes han sufrido violencia sexual y son titulares plenas de derechos fundamentales. Al hacerlo, se las excluye de la protección del Estado y la sociedad, justificando la maternidad forzada.
Desconocimiento del aborto terapéutico y estándares internacionales
La denuncia de las organizaciones pone énfasis en que la legisladora, desde su posición como presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el Congreso, pretende ignorar que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924. La articulación recordó que el artículo 119 del Código Penal ampara este procedimiento cuando la salud física o mental de la gestante está en riesgo, una condición que la evidencia científica y médica asocia invariablemente a las violaciones de menores de edad.
“El Comité contra la Tortura ha establecido que obligar a una víctima de violencia a continuar con una gestación es un hecho equiparable a la tortura”, señala el comunicado de Las Lilas. Asimismo, hicieron referencia al “Dictamen Camila” del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el cual sentenció que el Estado peruano vulneró los derechos de una niña al negarle el acceso al aborto tras ser violada, calificando dicha omisión como un acto cruel e inhumano.
Piden iniciar una investigación
Ante la gravedad de las prácticas admitidas por la congresista, las organizaciones exhortaron al Ministerio Público a iniciar una investigación exhaustiva y de oficio. El pedido busca determinar si en dicho albergue se están cometiendo delitos como la revictimización institucional, la coerción y la vulneración del derecho al acceso al aborto terapéutico legalmente reconocido.
De igual manera, instaron al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a “pronunciarse de forma inmediata, revisar sus mecanismos de atención, derivación y seguimiento y garantizar que toda intervención estatal se rija por el principio del interés superior del niño, la evidencia científica y los estándares internacionales de derechos humanos”.
La preocupación radica en que la propia Jáuregui afirmó que el MIMP y los Juzgados de Familia le envían a las menores, lo que implicaría que entidades del Estado estarían canalizando a víctimas de violencia sexual hacia un centro que rechaza protocolos de salud establecidos por ley.
Esta no es la primera vez que Milagros Jáuregui genera controversia por sus posturas religiosas en la gestión pública. La legisladora ha liderado campañas activas contra la actualización de las guías clínicas del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), las cuales reconocían que un embarazo por violación causa daño severo a la salud mental de las niñas.
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