Minería ilegal se extiende a todo el país: PCM advierte presencia en todas las regiones del Perú

La minería ilegal ya no es un problema focalizado ni aislado. Se convirtió en una amenaza extendida a nivel nacional. Así lo confirmó Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien advirtió que esta actividad ilícita está presente en todas las regiones del país, con mayor intensidad en zonas como Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, La Libertad, Arequipa y Puno.

En entrevista con TV Perú, el funcionario señaló que la minería ilegal representa uno de los desafíos más graves que enfrenta el Estado peruano, no solo por su impacto ambiental, sino también por las profundas consecuencias sociales que genera en amplios sectores de la población.

Un problema de Estado

García Esquerre subrayó que la minería ilegal debe entenderse como un problema estructural que compromete a todo el aparato estatal y a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, remarcó que sus efectos van mucho más allá de la degradación ambiental.

El alto comisionado alertó que las comunidades indígenas amazónicas se encuentran entre las más afectadas, debido a la contaminación de ríos, la destrucción de bosques y el avance de economías ilegales que alteran su forma de vida y su seguridad.

Trabajadores explotados y contaminación con mercurio

Además de las comunidades, García Esquerre señaló que la minería ilegal impacta directamente en los propios trabajadores mineros, quienes laboran en condiciones extremas y sin ningún tipo de protección.

Indicó que muchos de ellos trabajan en socavones inseguros o en ríos contaminados, expuestos de manera permanente al mercurio y otros elementos tóxicos, lo que genera graves riesgos para su salud y perpetúa dinámicas de explotación laboral.

Regiones más golpeadas por la minería ilegal

Aunque la actividad está presente en todo el país, el alto comisionado precisó que existen regiones donde la situación es especialmente crítica. Entre ellas mencionó Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco, así como Pataz, en La Libertad, y la región Puno.

“Lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú. Hay regiones donde es bastante más grave (…) en Pataz y Puno la situación es terrible”, advirtió.

Frente a este escenario, consideró que las acciones del Estado, que actualmente son mayoritariamente coercitivas, deben evolucionar hacia una estrategia más integral que combine control, fiscalización e investigación con desarrollo y promoción de economías alternativas.

Formalización, erradicación y recuperación ambiental

García Esquerre explicó que desde el año 2023 opera una comisión multisectorial integrada por nueve ministerios y cinco instituciones del Estado, que aborda la lucha contra la minería ilegal a través de tres ejes principales: formalización, erradicación y recuperación ambiental.

Uno de los avances más importantes, detalló, ha sido la exclusión de más de 50 mil registros mineros que no desarrollaban actividad real, lo que permitió reducir el universo de inscritos a cerca de 31 mil.

Interdicciones y cifras millonarias en incautaciones

El funcionario también destacó el incremento sostenido de los operativos de interdicción en todo el territorio nacional. Según informó, durante el 2024 se realizaron 745 operativos, con material incautado o destruido valorizado en más de 2,240 millones de soles.

En el 2025, las intervenciones aumentaron a 1,037 operativos, y el valor del material incautado o destruido alcanzó casi los 4 mil millones de soles, lo que refleja la magnitud económica del negocio ilegal.

No obstante, García Esquerre enfatizó que estas acciones, si bien necesarias, no son suficientes por sí solas.

Recuperación de territorios

El alto comisionado insistió en que la lucha contra la minería ilegal no puede limitarse a destruir maquinaria o cerrar campamentos. “Eso no soluciona el problema”, señaló, si no se acompaña de alternativas económicas y sociales para las poblaciones afectadas.

En esa línea, anunció que la comisión multisectorial aprobó la creación de un grupo de trabajo orientado a diseñar una nueva estrategia de recuperación ambiental, que incluirá programas de desarrollo local y la promoción de inversiones legales en las zonas impactadas.

Pataz

Respecto a la situación en Pataz, una de las provincias más golpeadas por la minería ilegal y sus actividades conexas, García Esquerre informó que actualmente existen tres puestos de control en rutas estratégicas, con presencia de Sunat, Migraciones, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, destacó que el Ministerio de Energía y Minas viene desarrollando un sistema informático de trazabilidad, que permitirá rastrear el origen del material minero y determinar si proviene de zonas ilegales. Este sistema utilizará análisis geológicos, imágenes satelitales, rutas de transporte y pruebas de laboratorio para identificar la procedencia del oro.

Finalmente, el alto comisionado se refirió al incremento del presupuesto destinado a esta lucha durante el 2025, lo que permitirá fortalecer las operaciones aéreas, especialmente en zonas de difícil acceso de la Amazonía, donde antes no se contaba con helicópteros ni patrullaje suficiente.

Sin embargo, reiteró que la solución debe ser progresiva y de largo plazo. Para graficarlo, comparó las interdicciones con un “jarabe para bajar la fiebre”, mientras que el control, la fiscalización y el desarrollo sostenible representan el “antibiótico” necesario para curar una enfermedad que afecta a todo el país.