En los pasillos del penal de Lurigancho, una requisa integral dejó al descubierto un sistema de ocultamiento que evidenció fallas graves en los controles internos. Droga, municiones y objetos prohibidos aparecieron dentro de paredes y ductos del desagüe, en espacios diseñados para pasar desapercibidos frente a revisiones convencionales. El hallazgo ocurrió durante un megaoperativo liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con presencia directa de autoridades del Ejecutivo y del sistema penitenciario.
La intervención se concentró en los pabellones 5 y 10, zonas señaladas por informes previos de seguridad. La inspección no se limitó a celdas y áreas comunes. Los equipos técnicos revisaron estructuras, cavidades y sistemas sanitarios, con resultados que confirmaron el uso de estos espacios como escondites para actividades ilícitas. La magnitud de lo incautado reforzó la necesidad de operativos con alcance estructural.
El despliegue contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura; el ministro de Defensa, César Díaz; y la presidenta encargada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez. La presencia de las autoridades respondió a una estrategia que busca enviar un mensaje directo sobre el control estatal dentro de los centros de reclusión.
Hallazgos ocultos en estructuras y sistemas de desagüe
Durante la requisa integral, personal especializado localizó municiones y droga al interior de paredes y ductos del desagüe de los pabellones intervenidos. Estos espacios, fuera del alcance visual inmediato, funcionaron como puntos de almacenamiento clandestino. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el decomiso incluyó también armas blancas y paquetes de cigarros, elementos que infringen el régimen penitenciario vigente.
Las autoridades indicaron que estos objetos facilitan delitos cometidos desde el interior del establecimiento. Por esa razón, tras el hallazgo, se dio aviso inmediato al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades. La información recopilada durante la requisa servirá como insumo para las diligencias fiscales y para la evaluación de posibles redes internas de apoyo.
El titular del sector Justicia remarcó que las cárceles no pueden convertirse en plataformas del delito. Según explicó, la política del Ejecutivo apunta a cortar los canales que permiten a organizaciones delictivas operar desde prisión, mediante el ingreso de armas, droga o sistemas de comunicación no autorizados.
Política sostenida de control penitenciario
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se señaló que este tipo de intervenciones responde a una línea de acción permanente. El objetivo central consiste en desarticular redes criminales, reducir su capacidad operativa y eliminar cualquier posibilidad de acciones armadas originadas en centros penitenciarios.
Las autoridades sostuvieron que los resultados del operativo en Lurigancho confirman la necesidad de mantener requisas integrales, con métodos que incluyan revisión de infraestructura. Este enfoque busca cerrar brechas utilizadas para el ocultamiento de objetos prohibidos y reforzar la seguridad interna.
Despliegue articulado de fuerzas especializadas
El operativo se desarrolló con apoyo de agentes penitenciarios especializados, efectivos de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas e integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. La coordinación entre estas unidades permitió el control simultáneo de los pabellones intervenidos y la revisión detallada de áreas críticas.
Según la información oficial, el trabajo conjunto aseguró el orden durante toda la intervención y evitó incidentes mayores. Las medidas adoptadas incluyeron el refuerzo de la vigilancia y la evaluación de protocolos internos, con el fin de prevenir nuevos ingresos de objetos prohibidos.
El megaoperativo en Lurigancho se inscribe dentro de una estrategia que prioriza la presencia directa del Estado en los establecimientos penitenciarios. La revisión de muros, ductos y espacios no convencionales marcó una diferencia respecto a intervenciones anteriores y dejó en evidencia los métodos utilizados para vulnerar los controles. Las investigaciones fiscales en curso definirán el alcance de las responsabilidades derivadas de los hallazgos.
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