La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Alain Salas, juez especializado de Acobamba, por el delito de prevaricato, tras acreditar que favoreció ilegalmente al exgobernador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un proceso penal por negociación incompatible. La sentencia, de tres años de pena privativa de libertad suspendida, fue obtenida por la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, que además logró que se eleve el monto de la reparación civil a favor del Estado de S/ 3.000 a S/ 5.000.
El juez admitió y resolvió una demanda de hábeas corpus a favor del exgobernador, anulando una sentencia condenatoria que aún no tenía la condición de firme. Este acto violó lo estipulado en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (Ley 28237), que precisa que no procede el hábeas corpus contra sentencias judiciales que no sean definitivas o firmes.
El proceso penal en cuestión aún contaba con un recurso de casación pendiente presentado por el Ministerio Público, lo que hacía improcedente cualquier intervención sobre la sentencia condenatoria. Pese a ello, el juez Salas emitió la resolución sin considerar la vigencia del proceso y sin proporcionar una motivación razonada que justificara su apartamiento de la norma constitucional.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el magistrado omitió deliberadamente verificar el estado real del proceso penal y que su decisión no se sustentó en una argumentación jurídica válida. Esta conducta configura el delito de prevaricato de derecho, que sanciona a los jueces que dictan resoluciones abiertamente contrarias a la ley, afectando la correcta administración de justicia y el orden constitucional.
La Corte Suprema dispuso incrementare la reparación civil, enfatizando la gravedad de los hechos y el perjuicio causado por la actuación del magistrado. Determinó que el condenado pague S/ 5.000 a favor del Estado. Esta medida busca resarcir el daño causado y constituye un precedente sobre la obligación de los jueces de responder no solo penal, sino también civilmente, ante fallos que perjudiquen los intereses del Estado.
¿Qué se sabe de Vladimir Cerrón?
Vladimir Cerrón permanece actualmente prófugo de la justicia, con una prisión preventiva vigente de veinticuatro meses dictada en su contra mientras se encontraba en la clandestinidad. Cerrón fue sentenciado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, una condena que posteriormente fue revocada, aunque mantiene otras investigaciones en curso.
En el proceso por el que se mantiene la prisión preventiva, el Ministerio Público lo sindica como presunto cabecilla de una organización criminal dentro de Perú Libre, dedicada a captar fondos de manera ilícita para financiar campañas electorales. La situación de Cerrón ha generado repercusiones políticas y judiciales a nivel nacional, al tratarse de un personaje central en el escenario político peruano y líder de un partido con representación parlamentaria.
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