El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha iniciado una ofensiva legal contra el presidente interino de la República, José Jerí, tras una polémica intervención inopinada en el penal Ancón I. El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) formalizó una denuncia penal contra el mandatario, acusándolo de irrumpir en el establecimiento la madrugada del viernes 23 de enero junto a una comitiva de 50 personas que habría omitido todo protocolo de seguridad y revisión biométrica.
El técnico Julio Lurita Tarazona, en una declaración pública, denunció que el personal que acompañaba al mandatario ingresó con equipos de comunicación, un acto que está tipificado como delito. “Toda esa comitiva ha delinquido, porque el ingreso de celulares está penado según la Ley 29867. Para funcionarios, la pena es de seis a ocho años”, enfatizó el técnico.
Los delitos que estaría incurriendo el mandatario y su equipo
La denuncia legal a la que accedió Latina Noticias abarca cuatro presuntos delitos: abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, ingreso indebido de equipos de comunicación y delitos contra la seguridad pública. Julio Burga, secretario general del SINTPE-INPE, explicó que incluso se ingresó con armamento, lo que generó un estado de caos que, asegura, casi provoca el amotinamiento de los internos en el pabellón intervenido.
“La Policía se tiene que someter a los protocolos de seguridad que nosotros tenemos establecidos. Ellos no pueden irse por sobre la ley”, declaró Burga al medio. El dirigente gremial sostiene que este trato excepcional solo es permitido para figuras específicas como el propio presidente o congresistas, pero no para la numerosa comitiva de asesores y personal de prensa que acompañó a Jerí, a quienes Lurita calificó despectivamente como “ayayeros” encargados de montar un espectáculo.
Un “show político”
La requisa habría sido un fracaso operativo. De acuerdo con el reporte de Latina, el presidente Jerí ingresó a Ancón I buscando a un conocido extorsionador para exhibirlo ante las cámaras; sin embargo, el interno ya había sido trasladado previamente al penal de Challapalca. Por este motivo, la denuncia también alcanza al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y al general Víctor Revoredo, por presuntamente proporcionar información incorrecta al mandatario.
Julio Lurita criticó duramente la falta de conocimiento técnico de las autoridades sobre el funcionamiento del INPE. Explicó que Jerí acusó al personal de ocultar información basándose en cuadernos de ocurrencias que, por protocolo, ya habían sido entregados a la jefatura de seguridad y no se encontraban en el área de servicio al momento de la irrupción nocturna.
“Deje su circo, señor Jerí. Respete al INPE para que lo respeten. Este uniforme y esta gorra se ganan, no nos regalaron el puesto”, sentenció el técnico en su mensaje dirigido al Ejecutivo.
Denuncian un “negociazo político”
Para los trabajadores penitenciarios, estas intervenciones no buscan mejorar la seguridad ciudadana, sino desprestigiar a la institución para justificar reformas estructurales. Julio Burga denunció que el Gobierno intenta reemplazar a funcionarios de carrera con personal de PRONACEP para formar la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Según el sindicato, esto no representa un cambio sustancial en el sistema, sino que escondería un “negociazo político” detrás de la nueva estructura administrativa.
Lurita también puso en duda la transparencia del gasto público en estos operativos masivos. El técnico cuestionó el costo de movilizar tropas y tanquetas en situaciones de emergencia, sugiriendo que las cuentas deben ser auditadas para evitar sobrecostos en el aparato estatal.
El personal del INPE exige que se detenga esta espectaularización, a la par de recordar las precarias condiciones en las que trabajan y la pésima alimentación que reciben los internos, lo cual genera focos de enfermedad y violencia que ellos deben gestionar diariamente sin el apoyo del Ejecutivo.
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