Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

El ministro Hugo de Zela cuestionó la falta de claridad y acceso a documentos durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en una sesión encabezada por el presidente interino

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Fuente: Latina TV

El presidente interino, José Jerí, encabezó el último viernes la quinta sesión dedicada al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en el Palacio de Gobierno, una reunión que fue transmitida por el canal estatal TV Perú y en la que se registró un incidente entre el gobernante y el canciller Hugo de Zela.

El encuentro quedó marcado por un momento de tensión cuando el ministro de Relaciones Exteriores interrumpió la exposición central para expresar públicamente su malestar por no comprender su explicación y el acceso limitado a la documentación relevante.

“Lamentablemente, muchas veces es inevitable el hecho delictivo, pero está la parte reactiva. Entonces, si el plan como tal está enfocado en esos (acápites) es mucho más digerible su entendimiento”, afirmó Jerí antes de ceder la palabra.

De Zela replicó que resultaba “muy difícil seguir” la exposición, ya que ni el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, ni el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, ni él mismo contaban con el documento al que se hacía referencia. “La verdad, no se entiende mucho el cambio (en las cifras que el gobernante exponía)”, añadió antes de mostrar un gesto de incomodidad.

El Plan Nacional de Seguridad
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 propone una intervención integral y focalizada, con el objetivo de reducir la tasa de homicidios de 7,3 a 6 por cada 100.000 habitantes y disminuir el índice general de delitos del 0,9 % al 0,6 % para 2028

Ante la situación, Jerí pidió a su equipo distribuir el documento mencionado. Las cámaras captaron el momento en que una asistente entregó copias a los miembros del gabinete presentes.

Mientras tanto, una reportera informaba que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 plantea una intervención integral y territorialmente focalizada, con la meta de reducir la tasa de homicidios de 7,3 a 6 por cada 100.000 habitantes y disminuir el índice general de delitos del 0,9 % al 0,6 % hacia 2028.

El mandatario aseguró este viernes, en una rueda de prensa posterior, que las cifras de violencia en el país han comenzado a bajar después de tres meses de estado de emergencia declarado desde octubre en la capital de Lima y la vecina provincia portuaria del Callao, que concentran la mayor parte de los casos.

De acuerdo a los datos presentados por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad encabezado por Jerí, la tasa de homicidios bajó ligeramente en el último trimestre del 2025 a 2,5 por cada 100.000 habitantes, respecto al 2,6 registrado en el mismo trimestre del 2024.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, precisó que Lima, donde se ubica la capital que alberga a un tercio de la población total, tiene una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Lima registra una tasa de
Lima registra una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la región amazónica de Madre de Dios presenta la cifra más alta del país con 24,6 por cada 100.000 habitantes, relacionada con delitos como la minería ilegal y la trata de personas

Sin embargo, la región con la tasa más alta de homicidios en el país es la amazónica de Madre de Dios, con 24,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, una jurisdicción afectada por la extracción ilegal de oro, la deforestación y la trata de personas, entre otros delitos.

Asimismo, Morán informó que las denuncias por el delito de extorsión subieron a 26.585 en el 2025, frente a las 22.361 registradas por la Policía Nacional en 2024 y un número similar en el 2023.

Reestructuración del INPE

El jefe de Estado también anunció una reestructuración integral del sistema carcelario, que incluirá una nueva entidad estatal, después de encontrar “deficiencias administrativas críticas” que comprometen la operatividad y el control de los recintos penales a nivel nacional.