
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, renunció este martes, meses después de hacerse pública su implicancia en presuntos actos de soborno e incumplimiento de funciones, aunque inicialmente fue respaldado por el presidente interino José Jerí.
Paredes dirigió una misiva al mandatario para comunicarle su dimisión “irrevocable”, tras el reporte de un intento de fuga en el penal de Piura, donde Juan Carlos Gonzales García, un interno venezolano condenado a más de 17 años de prisión, había tratado de escapar por el techo de un pabellón.
De acuerdo con información oficial, la intervención del personal penitenciario se realizó después de activarse los protocolos de seguridad y efectuarse disparos de advertencia. El comunicado del INPE indicó que, tras el frustrado intento, las autoridades revisaron las instalaciones y ordenaron el traslado inmediato de Gonzales García a un penal de máxima seguridad.
Las críticas contra Paredes existen desde el año pasado. Según Cuarto Poder, se le señala por coordinar la devolución de 80.000 soles solicitados para facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado. Él ha rechazado la autenticidad de los audios divulgados por el programa.

El mismo dominical reveló que el funcionario recibió una multa superior a 16.000 soles de parte de Indecopi por irregularidades en su ejercicio profesional como abogado. Entre los hechos figuran no entregar recibos, omitir una denuncia penal pactada y no devolver 3.500 dólares a un cliente en 2021.
La sanción, ratificada en agosto de 2024 y anulada tras su nombramiento, se basó en pruebas documentales, transferencias bancarias y registros de conversaciones sobre servicios legales no cumplidos. Paredes admitió haber recibido el dinero sin entregar comprobante.
Sergio Castro, quien denunció estos hechos, manifestó temor a represalias relacionadas con el cargo de Paredes, optó por no ampliar sus declaraciones públicamente y reiteró sus acusaciones en una llamada. Presentó además mensajes en los que exigió el reembolso de su dinero, los cuales contienen respuestas evasivas y eventuales amenazas.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, había informado que su cartera inició acciones disciplinarias, mientras que Jerí destacó que Paredes mostró alineación con los objetivos del gobierno, en particular en la gestión de los penales.
“Claro, en principio hay un proceso en el cual él está enfrentando y los cuestionamientos que él tiene son anteriores al ejercicio de función como jefe del INPE y él está dando las explicaciones en el campo correspondiente”, señaló el gobernante en una entrevista.

Recientemente, Cuarto Poder también señaló que Paredes otorgó contratos a jóvenes sin estudios acreditados ni experiencia en el sector público, después de recibirlos en su despacho. Entre estos casos figura Luis Sebastián Arce Acosta, quien recibió un contrato como asistente técnico administrativo por 10.500 soles sin estudios universitarios registrados.
Lucienne Cabanillas Delgado firmó un contrato administrativo de 8.283 soles luego de tres reuniones y gestionó su inscripción como proveedora días después. Jorge de la Rosa Ayala, Jadira Chumpitaz Soto, Christian Anthony Quipusco Guzmán y Luis Miguel Huachaca Rojas recibieron contratos similares sin cumplir los requisitos legales.
Flor de María Fernández, abogada sin antecedentes como proveedora del Estado, obtuvo dos contratos tras visitar a Paredes, mientras que Hilda Quispe Reynoso recibió una orden de servicio como auxiliar administrativa después de inscribirse como proveedora al reunirse con el jefe del INPE.
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