Luz Ibáñez Carranza denuncia que Gobierno de José Jerí retiró irregularmente su candidatura a La Haya: “Pone en ridículo al Perú”

La magistrada Luz Ibáñez Carranza, reconocida jueza peruana de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció públicamente la decisión del gobierno de transición de retirar su candidatura a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Aseguró que la medida, comunicada por el canciller Hugo de Zela Martínez a través de los medios, carece de transparencia y coloca al Perú en una posición desfavorable ante la comunidad internacional.

Subrayó que, pese a encontrarse en Lima desde hace dos semanas solicitando una reunión con las autoridades, no ha recibido respuesta ni comunicación oficial por parte de la Cancillería peruana sobre su postulación.

Considera que la decisión es “absolutamente sin precedentes” y advirtió que el proceder del Ejecutivo “pone en ridículo al Perú” y afecta gravemente la imagen del Estado ante la comunidad internacional. “Esta medida va en contra de los principios de legalidad y los derechos humanos”, remarcó.

Ibáñez Carranza recordó que el respaldo a su postulación, oficializada en marzo de 2024, fue avalado por el cuerpo diplomático y altas autoridades del Estado. El Perú no cuenta con representación en la CIJ desde la gestión de José Luis Bustamante y Rivero (1961-1969), por lo que su postulación representaba una oportunidad histórica para el país.

“Esta decisión no solo me afecta a mí como persona, sino que menosprecia el prestigio internacional del Perú”, advirtió la magistrada. Sostuvo que el gobierno de transición no está facultado para adoptar una determinación de esta magnitud, pues su mandato es limitado y está enfocado en la organización de elecciones y la atención a temas urgentes como la seguridad ciudadana.

Sugirió, además, que la medida podría responder a intereses particulares o compromisos políticos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, e incluso señaló que su condición de mujer pudo influir en el anuncio: “Si yo fuera hombre, no se les hubiera ocurrido anunciar el retiro de una candidatura”.

En ese sentido, denunció que la Cancillería actuó “a sus espaldas”, ignorando sus pedidos expresos de diálogo. “Esto ratifica la opacidad de los procedimientos en Torre Tagle”, explicó. Calificó la situación como un caso de discriminación de género y lamentó que, en pleno siglo XXI, el Estado peruano continúe relegando a mujeres en posiciones de liderazgo internacional.

¿Quién es Luz Ibáñez Carranza?

Luz Ibáñez Carranza cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito judicial, 23 de ellas dedicadas al derecho internacional. En la CPI, donde ejerce desde 2018, ha sido clave en casos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Antes de su labor en La Haya, trabajó 35 años como fiscal en el Perú, liderando procesos emblemáticos como el que llevó a la condena a cadena perpetua de Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso.

En 2021 fue reconocida con la medalla de Honor “Ruth Bader Ginsburg” por la Asociación Mundial de Juristas, distinción que subraya su compromiso con la igualdad de género y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Su perfil académico incluye un doctorado en Derecho y especializaciones en Francia, España, Estados Unidos y Japón.

La magistrada enfrenta, además, sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que afectan su vida diaria: le retiraron las tarjetas de crédito y le bloquearon el acceso a cuentas en dólares, dificultando incluso el envío de dinero a su familia en el Perú. Estas sanciones, criticadas por la ONU como un ataque al Estado de Derecho, fueron impuestas tras autorizar investigaciones independientes de la CPI en Afganistán, lo que generó el descontento del gobierno estadounidense.

Explicó que el impacto de estas medidas no es solo personal, sino también institucional: “Las sanciones buscan debilitar el sistema del Estatuto de Roma y afectan a las víctimas que esperan justicia”. Añadió que el Estado peruano tiene la responsabilidad de proteger a sus jueces internacionales y defenderlos de ataques externos, en vez de dejar en desamparo a sus representantes.

En esa línea, indicó que pondrá en conocimiento de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma la situación que enfrenta, para que se evalúe el cumplimiento de las obligaciones del Perú en materia de protección del sistema y de sus jueces. “El Estado tiene la obligación de respaldar a quienes lo representan en instancias internacionales, y hoy esa obligación está siendo incumplida”, afirmó.