La ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, Lima, Perú, sigue provocando controversia entre el alcalde Franco Vidal y algunos vecinos. El proyecto, ubicado en el cerro Candela, afecta a más de ochocientas familias que han visto sus viviendas demolidas en favor de la obra, considerada una de las más importantes para el tránsito en el este de la capital peruana.
La tensión en torno al proyecto vial aumentó tras difundirse las declaraciones de Alberto Santos, dirigente vecinal y vocero de los residentes afectados. El representante cuestionó principalmente el alto costo de la obra.
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En sus palabras, Santos puso en duda la conveniencia de invertir grandes sumas de dinero en el corte del cerro, al considerar que se trata de un gasto millonario que no solo incluye la ejecución de la obra, sino también las indemnizaciones por las viviendas afectadas. Desde su punto de vista, si los estudios técnicos demostraban que el proyecto no era realmente necesario, lo más razonable hubiese sido no ejecutarlo y optar por alternativas viales, como intervenir la parte baja de la vía, que implicaría menor impacto social y económico.

Frente a estos reclamos, el alcalde de Ate, Franco Vidal, reaccionó esta semana durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. Vidal desestimó de manera tajante cualquier posibilidad de indemnización para las familias:
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“Indemnizar, indemnizar. ¿Por qué te vamos a indemnizar de algo que corresponde a una vía nacional, a una carretera? Nada, nada, señor. Cero soles y ya se está haciendo la obra. Este video lo estoy viendo después de varios meses, no lo había visto”, explicó el alcalde, subrayando que la municipalidad no otorgará compensaciones económicas.
¿Le corresponde indemnización a los vecinos afectados?
Los habitantes perjudicados afirmaron que sus viviendas fueron demolidas sin que existiera ningún tipo de notificación oficial previa, lo que generó sorpresa y malestar entre las familias. Entre los casos más destacados figura el de un exalcalde de Ate, quien, pese a contar con el título de propiedad de su funeraria, también fue afectado por la intervención municipal y quedó sin respuestas claras de las autoridades.
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El especialista Carlos Álvarez explicó en Pasión por el Derecho que, dado que la obra corresponde a una vía metropolitana, la Municipalidad Metropolitana de Lima transfirió las competencias al alcalde Franco Vidal mediante un acuerdo formal. No obstante, subrayó que, ante la existencia de títulos de propiedad, la Municipalidad de Ate tenía la obligación de aplicar el proceso de expropiación establecido en el Decreto Legislativo 1192, garantizando así la protección legal de los propietarios.
Álvarez Solís advirtió que si este procedimiento no se ha cumplido, los afectados pueden iniciar acciones judiciales, lo que haría muy probable que la ejecución de la obra se detenga o quede paralizada, recayendo la responsabilidad íntegra sobre la gestión municipal de Franco Vidal. El especialista también criticó que hasta el momento no se haya presentado un expediente técnico ni se haya aclarado si el proyecto cuenta con respaldo presupuestal suficiente. Finalmente, enfatizó que, aunque la ampliación vial sea relevante para el distrito, esto no legitima vulnerar los derechos de los ciudadanos afectados por la intervención.
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