El anuncio de la Municipalidad de Miraflores sobre la venta del mercado N.° 1 de Surquillo no solo reabrió una disputa territorial de décadas, sino que encendió la indignación de comerciantes y autoridades surquillanas, quienes aseguran que el predio no puede ser transferido a privados y que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que respalda su administración.
El mercado N.° 1 de Surquillo permanece clausurado desde 2023. Se trata de un predio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados que, pese a estar inscrito en Registros Públicos a nombre de la Municipalidad de Miraflores, se ubica actualmente dentro de los límites territoriales del distrito de Surquillo.
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La comuna miraflorina anunció que iniciará su venta mediante concurso público. Según sus autoridades, el valor referencial bordea los 12 millones de dólares, aunque previamente se mencionó un estimado cercano a los 12 millones de soles, lo que ha generado confusión y mayores cuestionamientos en torno a la operación.
Para Miraflores, la propiedad se justifica en su origen histórico. El gerente de Asesoría Jurídica, Lino de la Barrera, sostuvo que el inmueble fue adquirido cuando Miraflores aún abarcaba esa zona del actual Surquillo, con fondos de los contribuyentes miraflorinos.
“Luego, políticamente, se crearon los distritos y estas propiedades de Miraflores quedaron situadas dentro del espacio territorial de Surquillo”, explicó en declaraciones a Panamericana Noticias.
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Comerciantes: “El mercado debe seguir siendo del pueblo”
Los comerciantes del mercado rechazaron de manera frontal la venta. Indicaron que se encuentran en proceso de formalización con el apoyo de la Municipalidad de Surquillo y reconocieron que existen deudas acumuladas por años de ocupación sin contrato, situación que buscan regularizar.
Para ellos, la prioridad es reactivar el mercado y preservar su función social y económica. “Este espacio no puede convertirse en un negocio inmobiliario. Aquí hay familias que dependen de este mercado”, expresó uno de sus representantes.
Recordaron, además, que en 2007 una venta similar fue frenada tras una sentencia del Tribunal Constitucional, que asignó la administración del mercado al distrito de Surquillo.
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La sentencia del Tribunal Constitucional, eje de la disputa
La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, sostuvo que el mercado constituye un bien de dominio público y que, por lo tanto, no puede ser transferido a intereses privados.
La autoridad explicó que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los bienes ubicados dentro de un distrito corresponden a su administración, salvo que una ley disponga lo contrario. En ese sentido, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional sigue vigente y respalda la posición de Surquillo.
“Este mercado es del pueblo. Y la amenaza de la venta, porque debe tomarse como una amenaza, nos obliga a defenderlo”, manifestó durante una sesión del concejo municipal.
Loayza anunció que solicitará formalmente toda la documentación relacionada con la venta y que su equipo legal evaluará las acciones correspondientes. Advirtió que cualquier proceso que ignore el fallo constitucional carece de sustento legal.
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Cuestionamientos al asesor legal de Miraflores
Tanto comerciantes como autoridades surquillanas cuestionaron al asesor jurídico de Miraflores por no haber considerado públicamente la sentencia del Tribunal Constitucional en sus declaraciones.
La Asociación de Comerciantes del mercado informó que enviará una carta notarial al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, para reiterar la vigencia del fallo de 2007, que reconoció la administración del predio a Surquillo y dejó sin efecto una tentativa anterior de venta.
Un conflicto con historia y sin resolución definitiva
La disputa por el mercado N.° 1 de Surquillo se remonta a más de ocho décadas y refleja las tensiones no resueltas entre los límites territoriales, la propiedad registral y la función social de los bienes públicos.
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Mientras Miraflores defiende su derecho de propiedad, Surquillo y los comerciantes apelan a la sentencia constitucional, al principio de dominio público y a la necesidad de preservar un espacio que consideran parte de su identidad distrital.
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