¿Dónde está el Estado? El desarrollo detenido en Puno

El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Actuar, confiar y conectar caminos, sostiene una tesis incómoda, pero directa: la gobernabilidad democrática condiciona el desarrollo humano. Donde la democracia no logra traducirse en un Estado que llegue de verdad a las personas, el progreso se frena. Ese es el caso de Puno. La región combina una presencia estatal limitada con capacidades administrativas débiles, y esa interacción explica buena parte de su rezago económico y social.

El Índice de Densidad Estatal (IDE), que mide la presencia del Estado en servicios básicos, ubica a Puno en el penúltimo lugar en 2024. Aunque desde 2017 registra un crecimiento del IDE ligeramente superior al promedio nacional —impulsado casi exclusivamente por avances en salud— este progreso ha sido insuficiente y desigual. La provincia de Carabaya lideró el avance sanitario, pero aún se mantiene en el tramo inferior del ranking nacional; mientras que Sandia, la otra provincia de selva, no mostró avances relevantes en agua, electricidad o educación. Incluso entre las provincias de mayor dinamismo económico, las brechas son claras: Puno capital duplica la oferta sanitaria de San Román, la provincia más poblada de la región.

Cuando se amplía la mirada al IDE+, que incorpora indicadores de acceso efectivo a servicios públicos y componentes asociados a seguridad ciudadana, la posición de la región mejora al puesto 19. Este salto no reflejaría progresos significativos en servicios dentro del hogar, sino que respondería a que una mayor proporción de la población vive a menos de una hora de un establecimiento de salud, una escuela o una comisaría. Puno compensa parcialmente su rezago con conectividad territorial, no con provisión efectiva.

El déficit estatal también se manifiesta en la capacidad de gestión. Entre 2015 y 2023, Puno se ubicó en el tramo inferior del Índice de Capacidad Estatal (ICE) del Ceplan, evidenciando debilidades persistentes en las habilidades organizacionales para la entrega de servicios públicos. Esta fragilidad administrativa se amplifica en el terreno político a través de una representación fragmentada, una oferta partidaria volátil y una participación cívica cada vez menor. Entre 2006 y 2022, el ausentismo en elecciones regionales pasó de 9% a 17,5%. La proliferación de organizaciones políticas —en 2010, alcanzó un pico de 21 candidaturas— ha dado lugar a liderazgos locales de corto plazo, con escasos incentivos para fortalecer la institucionalidad.

Esa combinación de inefectividad estatal, debilidad administrativa y volatilidad política resquebraja la gobernabilidad y tiene consecuencias visibles. Según INFObras, Puno encabeza el ranking nacional de obras paralizadas, con 135 proyectos que superan los S/ 350 millones, incluido el emblemático drenaje pluvial de Juliaca. Cuando los recursos públicos llegan al territorio sin una capacidad mínima de gestión, la inversión no se traduce en bienestar ni en confianza. A ello se suma un problema de integridad: de acuerdo con el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) de la Contraloría, el gobierno regional se ubica en el puesto 15 de 1.377 entidades evaluadas. Ese déficit operativo y reputacional debilita la legitimidad institucional, dificulta la implementación de políticas y fomenta la informalidad como un mecanismo alternativo de solución.

El impacto sobre el desarrollo humano es proporcional. Puno se ubica en el puesto 23 en el IDH y es la última entre las regiones del sur. En 2017, la región tenía niveles similares a los de Ayacucho y Apurímac; sin embargo, mientras que estas avanzaron 11,9% y 15,1%, respectivamente, Puno solo creció 4,6%. Hoy, Ayacucho supera a Puno en 6 años de esperanza de vida y Apurímac presenta un ingreso real per cápita 32% mayor.

La heterogeneidad interna confirma la profundidad del problema. Ninguna de las 13 provincias de Puno supera el promedio nacional del IDH y solo dos —Puno (0,59) y San Román (0,58)— están por encima del promedio regional. En Moho, la escolaridad es cuatro años menor que la media del país y en Huancané, el ingreso per cápita equivale al 46% del nivel nacional. En provincias como Sandia y Carabaya, el Estado coexiste con economías ilegales —minería aurífera y narcotráfico— que sustituyen al mercado formal y profundizan la captura institucional. Estas actividades no solo llenan vacíos económicos, sino que también reconfiguran el poder local y dificultan cualquier estrategia sostenible de desarrollo.

El caso de Puno muestra con claridad que el desarrollo humano no avanza cuando la presencia estatal es insuficiente y su desempeño, limitado. La erosión de la capacidad institucional debilita la legitimidad democrática, y ambas dinámicas se retroalimentan, configurando un círculo vicioso que explica el rezago económico y el desencanto ciudadano. El desafío es cerrar la brecha entre presencia nominal y servicios efectivos, fortalecer la gestión pública y asegurar continuidad en las políticas. Sin ello, la democracia no se traducirá en oportunidades reales para la población.

(*) Antony Francisco Leiva Saavedra es bachiller en Economía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, especialista en Tesorería de la SUNAT y es Embajador de la Red de Jóvenes Líderes del Instituto Peruano de Economía (IPE) de la región Lambayeque.